El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional que tiene como objetivo disuadir a terceros países de atacar a la UE y sus estados miembros con coerción económica a través de medidas que afectan el comercio o la inversión.
Durante la tercera ronda de negociación con los Estados miembros de la UE sobre el instrumento anti-coerción, los negociadores del Parlamento Europeo lograron mejorar el nuevo proyecto de ley al fortalecer su carácter disuasorio. El Consejo tendrá una participación importante en el proceso de toma de decisiones al determinar qué constituye coerción económica. Por otro lado, La Comisión Europea tendrá poderes de ejecución en las decisiones sobre las medidas de respuesta de la UE y los Estados miembros podrán participar en estas decisiones.
La nueva herramienta que está diseñada para proteger los intereses estratégicos y económicos de los países que pertenecen a la Unión Europea, permitirá que esta tome medidas si algún Estado miembro sufre chantaje económico por parte de un país no perteneciente a la UE.
Entre las medidas que podrían aplicarse al tercer país como respuesta a la coerción económica se encuentran la imposición de restricciones comerciales, como el aumento de los derechos de aduana, licencias de importación o exportación, o restricciones en el ámbito de los servicios o la contratación pública.
Este instrumento está pensado y diseñado para reducir las medidas coercitivas a través del diálogo. Cualquier otra medida por la UE se aplicaría solo como último recurso.
