La presentación que hizo Pedro Sánchez del nuevo Fondo España Crece resultó confusa y llena de matices, según comprobaron esta semana inversores extranjeros en el Foro de Davos. El instrumento no es un «fondo soberano» ni tampoco «un ejercicio de soberanía nacional», como afirmó el presidente del Gobierno el pasado día 15.
Según informa El Mundo, esa impresión quedó más matizada tras las reuniones que representantes de grandes fondos internacionales mantuvieron en el Foro Económico Mundial con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En esos encuentros, el ministro explicó que se trata del mayor intento hasta ahora de crear un banco público de desarrollo en España a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El modelo de referencia es el alemán KfW, que no es un fondo soberano, sino una entidad crediticia creada en 1948 para canalizar recursos durante la posguerra.
Sánchez aseguró también el 15 de enero, durante el Spain Investors Day, que el proyecto constituye «un ejercicio de soberanía nacional». Sin embargo, es difícil encontrar una iniciativa más sujeta a las condiciones de Bruselas. Según el acuerdo operativo firmado en diciembre entre la Comisión Europea y el Gobierno, la UE aceptará que se destinen al ICO cerca de 10.000 millones de préstamos a España, siempre que la gestión sea profesional y se garantice un uso riguroso de los fondos europeos, según confirman a este medio fuentes gubernamentales.
El acuerdo establece además que «El ICO adoptará una nueva política de inversión para el uso del capital adicional» y obliga a remitir a Bruselas «la descripción y calendario» de los productos financieros que se ofrezcan con esos recursos. Con ello, el ICO contará con una capacidad financiera inédita: más de 15.000 millones de euros de fondos propios.
Esto supone, como ya informó este diario el 19 de diciembre, triplicar los recursos actuales y situar a este brazo financiero del Estado como la tercera entidad de España, por delante del Sabadell. Aunque queda lejos de los 40.000 millones que gestiona el KfW alemán, podría movilizar, según Cuerpo, hasta 120.000 millones si se logra atraer a fondos privados como coinversores.
Esta vía se ha elegido porque el Gobierno no puede destinar esos 10.000 millones a proyectos ya previstos en el Plan de Recuperación, que concluye en 2026. Además de los préstamos de la UE, el ICO se nutrirá de 2,800 millones de subvenciones europeas que el Ejecutivo no ha conseguido ejecutar. Este tramo, sin coste para el Estado, permitirá al ICO aplicar, por ejemplo, quitas parciales en promociones de vivienda asequible para que las inmobiliarias hagan viables sus proyectos y se animen a participar. El ICO puede desempeñar un papel similar al del KfW si se utiliza adecuadamente, pero surge la duda de si el actual Gobierno u otro futuro podrían emplear estos recursos con fines políticos o en contra de la banca privada, como defiende el sector gubernamental de Yolanda Díaz.
En teoría, ese riesgo estaría acotado si se cumple otra cláusula del acuerdo, la que obliga a aplicar «el mismo sistema de auditoría y control que fue evaluado positivamente por la Comisión», conforme al reglamento europeo 2024/2509. Se trata de un marco que exige una gestión profesional, bajo la amenaza de una intervención comunitaria para proteger los intereses financieros europeos.
Los fondos llegarán desde la UE en el pago previsto para el verano, siempre que España cumpla los requisitos «en el segundo trimestre de 2026». Según las mismas fuentes gubernamentales, Bruselas no plantea objeciones al actual modelo del ICO, presidido por Manuel Illueca, profesional procedente del Instituto Valenciano de Finanzas, y basado en un sistema en el que «consejeros independientes tienen mayoría en decisiones de riesgo». Aun así, Illueca está reforzando los mecanismos de gobernanza e incorporando nuevos perfiles profesionales.
El acuerdo con la Comisión también limita la actuación del nuevo ICO a «abordar los fallos e ineficiencias del mercado». Es decir, financiar únicamente proyectos con sentido económico que la banca privada no cubre, como empresas innovadoras sin historial crediticio. Además, existe la obligación de no utilizar los recursos de forma que se distorsione la competencia.
«Eso habrá que verlo, porque siempre que el Estado hace banca, acaba mal», advierte un destacado banquero privado. Por ahora, las dos asociaciones del sector financiero prefieren no pronunciarse hasta conocer la letra pequeña y solo aceptan que el ICO se centre realmente en cubrir «fallos de mercado».
Queda, además, el desafío de alcanzar las cifras de impacto anunciadas. Cuerpo, con un inglés solvente y sólida formación técnica, se desenvolvió con comodidad en Davos y participó sin desentonar en un debate con Christine Lagarde sobre el impulso a la unidad del mercado europeo, pero lo más complejo será lograr que los fondos privados se sumen al proyecto.
Mientras tanto, Sánchez sigue lanzando mensajes arriesgados. En el mismo Spain Investors Day llegó a decir a los inversores que la estabilidad política no depende de «una mayoría absoluta», sino «de la capacidad de acuerdo que puedan tener los gobiernos con aquel que es diferente». No ha conseguido aprobar presupuestos desde 2022, de modo que, si su grado de fiabilidad es similar en el caso del nuevo fondo, las dudas permanecen.
