Bruselas pone sobre la mesa propuestas legislativas para llevar a cabo la reforma más completa de las normas de gobernanza económica de la UE desde las secuelas de la crisis económica y financiera. El objetivo central de estas propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e integrador en todos los Estados miembros mediante reformas e inversiones. Las propuestas abordan las deficiencias del marco actual. Tienen en cuenta la necesidad de reducir los niveles de deuda pública, que han aumentado considerablemente, se basan en las enseñanzas extraídas de la respuesta política de la UE a la crisis de COVID-19 y preparan a la UE para los retos futuros apoyando el avance hacia una economía ecológica, digital, integradora y resistente y haciendo que la UE sea más competitiva. Las nuevas normas facilitarán las reformas y las inversiones necesarias y contribuirán a reducir los elevados ratios de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida, en consonancia con el discurso sobre el estado de la Unión de 2022 de la Presidenta von der Leyen. La reforma simplificará la gobernanza económica, mejorará la responsabilización nacional, pondrá mayor énfasis en el medio plazo y reforzará el cumplimiento de la normativa, dentro de un marco común transparente de la UE. Los planes fiscales y estructurales nacionales a medio plazo son la piedra angular de las propuestas de la Comisión. Los Estados miembros diseñarán y presentarán planes que establezcan sus objetivos fiscales, las medidas para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos y las reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años. Estos planes serán evaluados por la Comisión y aprobados por el Consejo sobre la base de criterios comunes de la UE. La integración de los objetivos fiscales, de reforma y de inversión en un único plan a medio plazo contribuirá a crear un proceso coherente y racionalizado. Reforzará la responsabilización nacional al proporcionar a los Estados miembros un mayor margen de maniobra para fijar sus propias sendas de ajuste fiscal y sus compromisos de reforma e inversión. Los Estados miembros presentarán informes anuales de situación para facilitar un seguimiento y una aplicación más eficaces del cumplimiento de estos compromisos. El nuevo proceso de vigilancia fiscal se integrará en el Semestre Europeo, que seguirá siendo el marco central para la coordinación de las políticas económicas y de empleo. Las situaciones fiscales, los retos y las perspectivas económicas varían enormemente entre los 27 Estados miembros de la UE. Por ello, un planteamiento único no funciona. Las propuestas pretenden pasar a un marco de supervisión más basado en el riesgo que sitúe la sostenibilidad de la deuda pública en su centro, promoviendo al mismo tiempo un crecimiento sostenible e integrador. Este enfoque se ajustará a un marco común transparente de la UE. Los planes de los Estados miembros establecerán sus sendas de ajuste fiscal. Estos se formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales, que serán el único indicador operativo para la vigilancia fiscal, simplificando así las normas fiscales. Para cada Estado miembro con un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, la Comisión emitirá una "trayectoria técnica" específica para cada país. Esta trayectoria tratará de garantizar que la deuda se sitúe en una senda de reducción plausible o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. En el caso de los Estados miembros con un déficit público inferior al 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60% del PIB, la Comisión facilitará información técnica a los Estados miembros para garantizar que el déficit público se mantenga por debajo del valor de referencia del 3% del PIB también a medio plazo. Estas trayectorias técnicas y la información técnica orientarán a los Estados miembros a la hora de diseñar los objetivos plurianuales de gasto que incluirán en sus planes.
