Con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento adoptó su posición de negociación sobre la simplificación de los informes de sostenibilidad y las obligaciones de diligencia debida para las empresas.
Informes de sostenibilidad: más sencillos y solo para grandes empresas
Según informa el Parlamento Europeo, los eurodiputados consideran que solo las empresas que emplean en promedio a más de 1750 personas y con una facturación anual neta superior a 450 millones de euros deberían estar obligadas a realizar informes sociales y ambientales . Solo las empresas dentro de este ámbito también estarían obligadas a proporcionar informes de sostenibilidad según las reglas de taxonomía (es decir, una clasificación de inversiones sostenibles).
Las normas de presentación de informes se simplificarían y reducirían aún más, requiriendo menos detalles cualitativos, y la presentación de informes específicos del sector pasaría a ser voluntaria. Las empresas más pequeñas estarían protegidas de los requisitos de presentación de informes de sus grandes socios comerciales, a quienes no se les permitiría solicitar más información que la establecida en las normas voluntarias.
Diligencia debida: menos obligaciones y solo para corporaciones muy grandes
Los requisitos de diligencia debida se aplicarían únicamente a las grandes corporaciones con más de 5.000 empleados y una facturación anual neta superior a 1.500 millones de euros. Los eurodiputados desean que estas empresas adopten un enfoque basado en el riesgo para supervisar e identificar su impacto negativo en las personas y el planeta. En lugar de solicitar sistemáticamente información a sus socios comerciales más pequeños, deberían basarse en la información ya disponible y solo podrían solicitar información adicional a estos últimos como último recurso.
Estas empresas ya no necesitarían preparar un plan de transición para que su modelo de negocio sea compatible con el Acuerdo de París y podrían enfrentarse a multas por no cumplir con los requisitos de diligencia debida, cuya orientación será proporcionada por la Comisión y los Estados miembros. Las empresas infractoras serían responsables a nivel nacional en lugar de a nivel de la UE y tendrían que compensar íntegramente a sus víctimas por los daños.
Los eurodiputados también quieren que la Comisión establezca un portal digital para empresas con acceso gratuito a plantillas, directrices e información sobre todos los requisitos de información de la UE, complementando el Punto Único de Acceso Europeo.
El ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Jörgen Warborn (PPE, SE), dijo:
«La votación de hoy demuestra que Europa puede ser sostenible y competitiva. Estamos simplificando las normas, reduciendo costes y dando a las empresas la claridad que necesitan para crecer, invertir y crear empleos bien remunerados».
Las negociaciones con los gobiernos de la UE, que ya han adoptado su posición sobre el expediente, comenzarán el 18 de noviembre, con el objetivo de finalizar la legislación a finales de 2025.
