Informamos hace veinte días de la existencia de una lucha soterrada entre directivos de la francesa Veolia y Agbar, tras el cambio de nombres en la cúpula de la compañía española y la salida de Ángel Simón de Agbar, que asumía el puesto de consejero delegado de CriteriaCaixa. Es importante recordar que Veolia posee el 100% de la compañía con sede en Cataluña.
Desde que se forjó este nuevo escenario empresarial, lo que debería haber sido un tránsito tranquilo en la dirección, y un empuje a nuevos y más ambiciosos proyectos, se transformó en una lucha de poder personal.
Esta situación, que preocupaba en Bruselas, cobra otra dimensión tras las acusaciones de la compañía francés, Veolia, sobre la existencia de una campaña de desinformación, y señalan directamente a Criteria.
PREOCUPACIÓN EN BRUSELAS
La preocupación europea se enmarca en tres vertientes, por un lado el conflicto entre dos empresas europeas, una española y otra francesa; otro, el temor de que se vean afectados la utilización en proyectos financiados con fondos europeos; y, finalmente, que el creciente y preocupante aumento de campañas de desinformación, hasta ahora políticas, salten a un escenario de lucha empresarial.
La campaña de desinformación alarma por el impacto que pueda tener en los inversores y la inseguridad que estos puedan percibir, así como el miedo a desinversiones de la compañía matriz, algo que niega rotundamente Veolia.
La desinformación es un fenómeno que preocupa en toda Europa, y el uso de estas técnicas, se miran con atención desde Bruselas ante la posibilidad de que se conviertan en otro quebradero más en el que hacer de las instituciones europeas.
Esta noticia ha saltado ya a otros medios de comunicación, como es el caso de El Confidencial que ha publicado, al hilo de este tema y citando fuentes de Agbar, que Veolia avisa de que el comportamiento de CriteriaCaixa puede ser delictivo.
Por otro lado, no se entiende que se esté poniendo en riesgo la futura financiación en un tema tan básico y necesario como es la buena distribución y sostenibilidad del uso del agua, especialmente, dada la grave situación que la sequía está causando en Cataluña.
ENFRENTAMIENTO DE DIRECTIVOS
Recordemos que toda esta polémica arranca cuando Veolia, propietaria de Agbar, nombra a Gustavo Migues como nuevo CEO de la compañía española y de Ángel Jover como responsable de la implementación de las nuevas políticas, manteniendo al resto de directivos del equipo que capitaneaba Simón.
Esta nueva política de gestión no sentó bien en los anteriores decisores del grupo, que veían peligrar su influencia en la nueva línea de actuación, así como el temor por su privilegiada posición. Esto venía aventado por la actuación de Simón que pretendía con el 15% de Criteria en Aguas de Barcelona, seguir tomando las decisiones que afectaban a la gestión de Agbar.
OBRAS EN CATALUÑA
Toda esta situación está generando dudas sobre las inversiones previstas en infraestructuras necesarias para la distribución y tratamiento de aguas.
Precisamente esta semana En Comú Podem ha denunciado la existencia de un sobrecoste, estimando en más de 2,5 millones de euros, que consideran inaceptable, en el servicio prestado por Agbar sobre el tratamiento y saneamiento de aguas de la comarca del Maresme. Este sobrecoste vendría producido por la falta de adaptación de los contratos de compra de energía a los precios actuales del mercado.
