La UE y sus Estados miembros han denunciado actividades informáticas malintencionadas que han afectado considerablemente a la economía, la seguridad, la democracia y la sociedad en general y consideran que ataques como el del servidor Microsoft Exchange y la explotación de este, que socavaron la seguridad e integridad de miles de ordenadores y redes en todo el mundo, se han realizado desde el territorio de China.