En 2023, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el Dictamen «Vivienda asequible: política de cohesión, agenda urbana y sociedad civil» (elaborado en 2020)
El informe sostiene que la vivienda asequible es uno de los desafíos sociales y económicos más críticos que enfrenta la Unión Europea. Más allá de su dimensión humana y de derechos, la falta de acceso a vivienda adecuada constituye una amenaza para la competitividad de las economías regionales y para la cohesión social en el continente. Según Eurostat, entre 2010 y 2022 la vivienda en propiedad en la UE se encareció un 47 %, mientras que el alquiler subió un 18 %.
En este contexto, la política de cohesión, la agenda urbana y la acción de la sociedad civil deben alinearse para articular una respuesta estratégica y eficaz. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha emitido recientemente una serie de recomendaciones clave que abordan la magnitud del problema y apuntan a soluciones estructurales.
El CESE advierte que la actual crisis de asequibilidad de la vivienda no solo genera exclusión social, sino que dificulta la competitividad de las empresas europeas, que enfrentan presiones salariales crecientes debido a los altos costes de vida. Esta situación contradice el objetivo esencial de la política de cohesión: fomentar economías regionales equilibradas y competitivas.
El déficit de inversión anual estimado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en unos 270.000 millones de euros evidencia que los fondos actuales son claramente insuficientes. Por ello, el CESE insiste en la necesidad de estrategias de financiación más inteligentes, que movilicen tanto capital público como privado.
El CESE defiende que la política de cohesión de la UE debe ser el marco principal de coordinación para abordar la crisis de vivienda. Se propone que, tras 2027, la vivienda asequible y sostenible sea una prioridad estratégica de los fondos de cohesión, integrando no solo la vivienda social tradicional, sino también el alquiler y la propiedad asequibles, manteniendo los programas de renovación.
Asimismo, se reclama una revisión de las normas sobre ayudas estatales y la definición de servicios de interés económico general (SIEG), que hoy limitan la inversión pública en vivienda asequible. En paralelo, se propone que los préstamos, garantías y fondos propios para vivienda no se contabilicen como deuda pública en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que facilitaría un mayor margen de actuación para los Estados miembros.
Una de las propuestas más destacadas del CESE es la creación de un marco común de la UE que defina claramente qué se entiende por vivienda asequible a lo largo de todo el proceso. Esta claridad jurídica es clave para atraer inversiones sostenibles y facilitar la acción coordinada entre niveles de gobierno.
Además, se celebra la iniciativa de la Comisión Europea de establecer un Grupo de Trabajo sobre Vivienda y designar un comisario específico, aunque se enfatiza la necesidad de incluir a autoridades locales, Estados miembros e interlocutores sociales en el diseño del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible.
El CESE respalda el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles que permitan reciclar los rendimientos obtenidos e invertirlos en nuevos proyectos de vivienda. Se reconoce también el valor de la plataforma de la UE sobre vivienda asequible, donde participa el BEI, por su rol en facilitar inversiones privadas y proporcionar servicios de asesoramiento en todas las etapas del ciclo del proyecto.
Desde una perspectiva de planificación urbana, el CESE enfatiza que las políticas nacionales y europeas enfocadas en el crecimiento económico a través del turismo o el desarrollo inmobiliario deben tener en cuenta el impacto sobre los mercados de vivienda locales. De lo contrario, se corre el riesgo de agravar la exclusión residencial en áreas urbanas y rurales presionadas por la demanda externa.
El fortalecimiento de las agendas urbanas nacionales y locales debe ir acompañado de una mejor coordinación vertical e interinstitucional. Se recomienda que la Comisión Europea aproveche las buenas prácticas ya existentes en los Estados miembros, especialmente en regiones que han logrado innovar en el ámbito de la vivienda social y asequible.
Finalmente, el CESE subraya que la vivienda asequible debe considerarse una piedra angular del modelo social europeo. En este marco, la participación activa de la sociedad civil es crucial no solo como defensora del derecho a la vivienda, sino también como agente propositivo y vigilante democrático.
Las experiencias de cooperativas de vivienda, plataformas contra los desahucios, y redes ciudadanas muestran que existen alternativas viables e innovadoras. Incorporar a estos actores en los procesos de toma de decisiones contribuirá a desarrollar políticas habitacionales más inclusivas, justas y adaptadas a la realidad de los territorios.
En definitiva el CESE propone una hoja de ruta clara: mayor inversión, coordinación efectiva entre niveles de gobierno, marco legal sólido, herramientas financieras innovadoras y protagonismo de la sociedad civil. Solo así será posible avanzar hacia un modelo europeo en el que la vivienda asequible no sea un privilegio, sino un derecho garantizado figure en la agenda 2024-2029 del nuevo Parlamento Europeo y de la nueva Comisión.
