Aunque en los últimos años han proliferado los métodos digitales, el dinero en efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado en nuestro país, donde el 57% de los consumidores lo usa prácticamente a diario según el Banco de España.
Su importancia quedó demostrada aún más si cabe el pasado mes de abril, cuando se produjo un apagón internacional que dejó inservibles los datáfonos. Ahora bien, la ley establece ciertas normas para su empleo.
A nivel internacional la Unión Europea (UE) se prepara la implantación del Reglamento 1624/2024, normativa que regula y limita el uso del dinero en efectivo para frenar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, que se nutren de esta práctica para mover grandes grandes cantidades de dinero, ocultar activos y sufragar actividades ilícitas, según informa El Economista.
De este modo, la UE establecerá un límite máximo de 10.000 euros para las transacciones en efectivo que se realicen en cualquier Estado miembro, disposición que, según las previsiones, entrará en vigor el 10 de julio de 2027. Ningún país podrá fijar importes superiores, aunque si conservarán la opción de adoptar restricciones más estrictas. En el caso de España sabemos que la Agencia Tributaria no permite pagar más de 1.000 euros con dinero en metálico.
El nuevo límite europeo se aplicará principalmente a las transacciones comerciales, o lo que es lo mismo, a los pagos en general. Por tanto, no se tendrá en cuenta para las transferencias entre particulares fuera del ámbito de actividades profesionales ni a las que se realizan en las entidades de crédito, emisoras de dinero electrónico y proveedoras de servicios de pago. En estos dos últimos casos continuará aplicándose la legislación nacional.
La UE refuerza así la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales pero, insiste, sin vulnerar la privacidad y la libertad de los ciudadanos europeos. Asimismo, además de limitar el uso del dinero en efectivo, la normativa prevé además la creación de un registro centralizado de titulares de cajas de seguridad, cuentas corrientes y criptomonedas que las autoridades competentes podrán consultar durante las investigaciones, si las hubiera.
La UE refuerza así la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales pero, insiste, sin vulnerar la privacidad y la libertad de los ciudadanos europeos. Asimismo, además de limitar el uso del dinero en efectivo, la normativa prevé además la creación de un registro centralizado de titulares de cajas de seguridad, cuentas corrientes y criptomonedas que las autoridades competentes podrán consultar durante las investigaciones, si las hubiera.
