El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado este jueves un acuerdo sobre delitos medioambientales que busca la mejora de la investigación y el enjuiciamiento, establece una definición más precisa; contempla nuevos tipos de delitos; e incluye sanciones más duras y la armonización de penas para personas físicas y jurídicas.
El nuevo Reglamento tiene como objetivo mejorar la investigación y el enjuciamiento de los delitos contra el medioambiente. Para ello, establece nuevas normas sobre la definición de los delitos penales y las sanciones reemplazando la actual directiva de 2008 que, según ha explicado el Consejo en un comunicado, tras una evaluación realizada en 2019-2020, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que esta Directiva tenía un efecto limitado, ya que el número de casos investigados con éxito y resultantes en una condena seguía siendo bajo.
Ha afirmado también que los niveles de las sanciones impuestas eran demasiado bajos para resultar disuasorios y la cooperación transfronteriza no era sistemática. Así pues, en la nueva Directiva se han aumentado de 9 a 18 el número de delitos que existen actualmente. Los nuevos delitos incluyen el tráfico de madera, principal causa de deforestación en algunas partes del mundo; el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques; y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.
También se ha acordado considerar “delitos cualificados” aquellos que sean cometidos intencionalmente, si causan destrucción o daños irreversibles o duraderos.
Por otro lado, el acuerdo establece sanciones para las personas físicas y jurídicas que cometan delitos medioambientales. En ese sentido, las personas físicas podrán enfrentar una pena de prisión de al menos cinco años y una pena máxima de al menos diez años en caso de cometer delitos que causen la muerte a alguien. Las personas jurídicas pueden enfrentar una multa máxima del 3-5% del volumen total de negocios o 24-40 millones de euros, dependiendo de la gravedad del delito.
La Directiva también contempla disposiciones sobre la ayuda para las personas que denuncian delitos medioambientales, los defensores del medio ambiente y las personas afectadas por estos delitos.
