La Unión Europea está considerando excluir a las empresas estadounidenses de los concursos públicos europeos como parte de su respuesta a los nuevos aranceles impulsados por el expresidente Donald Trump. Esta posible medida forma parte del abanico de opciones que Bruselas contempla frente a lo que considera una escalada comercial por parte de Washington.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, confirmó este lunes desde Bruselas que “podríamos decidir retirar a todas las empresas estadounidenses de los mercados europeos de contratación pública”. “Es un bazuca económico, pero es una de las opciones sobre la mesa”.
Según Séjourné, encargado de la política de autonomía estratégica europea, Europa debe pasar al contraataque utilizando herramientas que originalmente se diseñaron para competir con China, ahora aplicables contra Estados Unidos. Así lo explicó en una entrevista en France Info, en la que también defendió una reacción “proporcionada y unificada” de los 27.
Por su parte, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y aliada de Trump, ha prometido proteger a las empresas italianas afectadas por los nuevos aranceles estadounidenses, que ascienden hasta el 20% en algunos productos europeos.
Desde España, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido “mantener la cabeza fría” y ha subrayado la necesidad de evaluar bien el contexto antes de adoptar medidas drásticas. En una entrevista en Cadena COPE, señaló que aún es pronto para anticipar si la economía norteamericana entrará en recesión, aunque ya se observan efectos negativos en los mercados bursátiles.
“Quedan muchos factores que son todavía una incógnita y mucha incertidumbre por delante sobre cuál es la reacción de los distintos países o áreas económicas a las medidas americanas”, afirmó.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha recordado que “todos los instrumentos están sobre la mesa” y que la UE está preparada para responder de forma firme y calibrada. En paralelo, Bruselas estudia activar el Instrumento contra la coerción, aprobado en 2023, que permite sancionar a países terceros mediante restricciones no solo comerciales, sino también tecnológicas, financieras y personales.
