Este martes, el Comité de Asuntos Jurídicos ha aprobado un proyecto de ley, que obliga a las empresas a reducir su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Las normas van dirigidas a empresas con más de 1000 empleados y que facturen alrededor de 450 millones de euros. La UE penalizará a las empresas que incumplan estas condiciones o sean responsables de daños y perjuicios.
