Este martes, el Comité de Asuntos Jurídicos ha aprobado un proyecto de ley, que obliga a las empresas a reducir su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Las normas van dirigidas a empresas con más de 1000 empleados y que facturen alrededor de 450 millones de euros. La UE penalizará a las empresas que incumplan estas condiciones o sean responsables de daños y perjuicios.
El proyecto de ley se aprobó con 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención. Estas normas obligan a las empresas a aliviar el impacto adverso que sus actividades tienen sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluida la esclavitud y el trabajo infantil, la explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación y destrucción del patrimonio natural.
Las normas se aplicarán a las empresas y empresas matrices de la UE y fuera de la UE con más de 1.000 empleados y con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros y a las franquicias con un volumen de negocios de más de 80 millones de euros. Las empresas también deberán adaptar su negocio para que sea compatible con el límite de calentamiento global de 1ºC previsto en el acuerdo de París. El plan debe seguir los objetivos para frenar el cambio climático, con plazos marcados, las acciones clave que se van a seguir y una recopilación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el plan.
La eurodiputada Lara Walters, ha declarado: “Estoy encantada de que una clara mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos hayan respaldado hoy la Directiva sobre diligencia debida. Ya es hora de que se adopte esta legislación para poner fin a los abusos empresariales y dar a las empresas claridad sobre lo que se espera de ellas. Espero con interés la votación plenaria y confío en que se adoptará rápidamente”.
Las empresas deberán hacerse carga de los daños y perjuicios ocurridos, en el caso de no cumplir con las obligaciones. También deberán adoptar mecanismos de denuncia e interactuar con aquellas comunidades que se han visto afectadas de forma negativa por sus acciones.
Los Estados miembros designarán una autoridad supervisora encargada de monitorear, investigar e imponer sanciones a las empresas que no cumplan. Estas pueden incluir multas de hasta el 5% de la facturación neta mundial de las empresas. Las empresas extranjeras deberán designar a un representante autorizado en el Estado miembro en el que operan, que tendrá la función de comunicarse con las autoridades supervisoras sobre el cumplimiento de la diligencia debida en su nombre. La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Supervisión para apoyar la cooperación entre los organismos de supervisión.
La Comisión presentó el 23 de febrero de 2022 una propuesta relacionada con una legislación obligatoria sobre diligencia debida. Esta se complementa con actos legislativos ya existentes en el área, como el reglamento de deforestación, minerales conflictivos o el reglamento que prohíbe los productos elaborados con trabajo forzoso.
