La Comisión Europea decidió hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido todas las obligaciones de recogida y tratamiento establecidas en la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (Directiva 91/271/CEE).
La Comisión recordó hoy que la Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas y el medio ambiente mediante la exigencia de que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de verterse al medio ambiente. Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas.
La información recopilada por la Comisión ha puesto de manifiesto un incumplimiento generalizado de la Directiva en España, que sigue teniendo que garantizar que disponen de sistemas colectores de aguas residuales y que, cuando esté justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas adecuados, se alcance el mismo nivel de protección medioambiental que con un sistema colector.
Además, España sigue sin ofrecer el grado de tratamiento exigido a toda la carga contaminante de las aglomeraciones o no ofrece los resultados de tratamiento necesarios en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento. Esto significa que existen aglomeraciones en las que deben construirse o mejorarse las infraestructuras, lo cual puede requerir esfuerzos considerables para la construcción de nuevas infraestructuras físicas o la mejora de las instalaciones de tratamiento ya existentes.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en junio de 2012, a la que siguieron un dictamen motivado en febrero de 2015 y otro más en junio de 2021. A pesar de que se ha registrado algún progreso, las autoridades españolas siguen sin solventar por completo las deficiencias. Por este motivo, la Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Pacto Verde Europeo, con su Plan de Acción «Contaminación Cero», exige que la contaminación del aire, el agua y el suelo se reduzca a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales.
