La Comisión Europea ha adoptado un nuevo paquete de propuestas destinadas a simplificar las normativas de la UE, reducir la carga administrativa para empresas y desbloquear capacidad de inversión. Estas medidas buscan fortalecer la competitividad de las empresas europeas, fomentar la innovación y facilitar el acceso a financiación sostenible, todo ello en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
La Comisión tiene un objetivo claro de llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, mediante la consecución de al menos un 25% de reducción de las cargas administrativas, y al menos un 35% para las PYME hasta el final de este mandato. Estos primeros paquetes de «Omnibus», que agrupan propuestas en una serie de ámbitos legislativos relacionados, abarcan una simplificación de largo alcance en los ámbitos de la información financiera sostenible, la diligencia debida en materia de sostenibilidad, la Taxonomía de la UE, el mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono y los programas de inversión europeos. Se estima que, si se implementan estas medidas, se generarán ahorros administrativos de aproximadamente 6.300 millones de euros y se movilizarán 50.000 millones de euros en inversión pública y privada.
Principales medidas del paquete de simplificación:
1. Reformas en el reporte de sostenibilidad (CSRD y Taxonomía de la UE)
La Comisión propone reducir la carga administrativa en las obligaciones de reporte de sostenibilidad para empresas, centrándose en aquellas con mayor impacto ambiental y económico. Las principales medidas incluyen:
- Reducción del número de empresas sujetas a la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), eliminando a un 80% de las empresas del actual ámbito de aplicación.
- Aplazamiento de dos años (hasta 2028) de los requisitos de reporte para muchas empresas, evitando cargas innecesarias en el corto plazo.
- Flexibilización del reporte bajo la Taxonomía de la UE, limitándolo a grandes empresas y permitiendo que otras informen voluntariamente.
- Reducción en un 70% de los formatos de reporte y simplificación de los criterios de «No causar un daño significativo» (DNSH) para facilitar su cumplimiento.
- Modificación del Green Asset Ratio (GAR) para bancos, excluyendo de su cálculo a empresas con menos de 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación.
2. Simplificación de la diligencia debida en sostenibilidad
Se introducen ajustes en las normas de diligencia debida en materia de sostenibilidad para evitar cargas excesivas sobre las empresas y garantizar una aplicación uniforme en la UE. Entre las reformas destacan:
- Focalización de la diligencia debida en los socios comerciales directos, reduciendo burocracia y costes.
- Reducción de la frecuencia de auditorías de impacto, pasando de revisiones anuales a cada cinco años, salvo casos excepcionales.
- Minimización de requisitos para pymes y empresas de tamaño medio, limitando la cantidad de información que deben proporcionar a grandes empresas.
- Eliminación de las condiciones de responsabilidad civil a nivel de la UE, dejando la compensación de daños bajo la jurisdicción de cada Estado miembro.
- Aplazamiento de la aplicación de la norma hasta 2028 para que las empresas tengan más tiempo para adaptarse.
3. Reformas en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)
Para garantizar un comercio justo y evitar desventajas competitivas para las empresas europeas, la Comisión propone:
- Exención de los requisitos CBAM para pequeños importadores, eliminando obligaciones para aproximadamente 182.000 importadores (en su mayoría pymes), sin comprometer la cobertura del 99% de las emisiones dentro del CBAM.
- Simplificación del cálculo de emisiones para facilitar la adaptación de las empresas.
- Fortalecimiento de los controles para evitar fraudes y elusión de la normativa en el comercio de bienes sujetos a CBAM.
- Preparación para la futura ampliación de CBAM a más sectores industriales en 2026.
4. Optimización de programas de inversión europeos
El paquete también introduce mejoras en los programas de financiación de la UE, especialmente en InvestEU y otros instrumentos financieros, con el objetivo de:
- Aumentar la capacidad de inversión de la UE reutilizando rendimientos de inversiones previas y fondos aún disponibles. Se espera movilizar 50.000 millones de euros en inversiones adicionales.
- Facilitar la contribución de los Estados miembros para que puedan financiar más fácilmente a sus empresas y atraer inversión privada.
- Reducir los requisitos administrativos para los intermediarios financieros y beneficiarios, con un ahorro estimado de 350 millones de euros en costes administrativos.
Dombrovskis: “Menos burocracia significa más innovación y empleo en Europa”
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha defendido la necesidad de reducir la carga regulatoria para impulsar la competitividad del bloque. “No podemos esperar competir en un mundo peligroso con una mano atada a la espalda”, ha afirmado.
En su intervención, Dombrovskis ha subrayado que la acumulación de normas y su complejidad están limitando el potencial económico de la UE. “Más del 60% de las empresas ven la regulación como un obstáculo para la inversión”, ha señalado, alertando del impacto en las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial europeo.
“Estamos comprometidos con una sociedad más verde y justa, pero debemos asegurarnos de que las reglas de la UE ayuden a alcanzar esos objetivos sin frenar la economía”, ha afirmado. Dombrovskis ha recalcado que las simplificaciones permitirán movilizar hasta 50.000 millones de euros en inversión pública y privada.
“Nuestro futuro económico y nuestra seguridad dependen de que actuemos ahora”, ha concluido.
Albuquerque: “Simplificación y sostenibilidad deben ir de la mano”
La comisaria europea Maria Luís Albuquerque ha defendido la importancia de no comprometer los objetivos del Pacto Verde. “Podemos lograr ambos objetivos, y debemos ser ambiciosos en la simplificación que llevamos a cabo”, ha afirmado.
Albuquerque ha destacado la necesidad de la coherencia y la proporcionalidad en la revisión de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Taxonomía. “La urgencia es clave, porque la competitividad es lo que garantiza el bienestar de nuestra gente”, ha subrayado.
Entre las principales medidas anunciadas, la comisaria ha explicado que el “stop the clock” en la CSRD dará seguridad jurídica a las empresas que quedarán fuera de su alcance. Además, ha señalado que el 80% de las compañías serán eximidas de sus requisitos y que el reporte sobre taxonomía será voluntario para aquellas con una facturación inferior a 450 millones de euros.
La simplificación también incluye una reducción del 70% de los datos requeridos en los informes y la flexibilización de ciertos criterios de “no causar un daño significativo” en el ámbito de la contaminación. “Estamos eliminando requisitos innecesarios y permitiendo a las empresas centrarse en lo que realmente importa”, ha afirmado.
Pese a los cambios, Albuquerque ha insistido en que la ambición climática de la UE se mantiene intacta. “Estamos preservando la doble materialidad, asegurando que la información relevante sea accesible y fomentando una transición ambiental gradual”, concluyó.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA COMISIÓN
Así mismo, ha habido un proceso de preguntas y respuestas de la Comisión en cuanto al paquete «Omnibus». Hemos seleccionado algunas de las más destacadas:
¿Cuáles son los beneficios esperados de las modificaciones propuestas a la RSE en las empresas?
Las medidas propuestas para reducir el alcance de la RSE y los requisitos de información para las empresas que siguen en su alcance, incluidos los cambios futuros en el ESRS, generarán un ahorro significativo de costes para las empresas y deberían impulsar la competitividad de la UE.
El ahorro total anual de costes de los cambios en el ámbito de aplicación de la RSE y las futuras modificaciones del ESRS podría ascender a unos 4.400 millones de euros. Esto incluye el ahorro anual de costes resultante de la reducción del alcance de la información sobre taxonomía, como resultado de la reducción del alcance de la RSE, de 1.800 millones de euros. Además de esos ahorros recurrentes, se produciría un ahorro único en relación con la creación de los procesos de información y aseguramiento que se evitarían para las empresas exentas, que ascienden a unos 1.600 millones de euros en relación con la CSRD/ESRS y 900 millones de euros para la Taxonomía.
¿Cómo ayuda esta propuesta a alcanzar los objetivos del Green Deal?
Al presentar la brújula de competitividad en enero, la Presidenta Ursula von der Leyen confirmó claramente que mantenemos el rumbo con nuestros objetivos del Green Deal. En Europa, la sostenibilidad y la competitividad deberían ir de la mano. Las empresas apoyan nuestros objetivos del Green Deal, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos. La Comisión ha escuchado las preocupaciones de las partes interesadas, que consideran que algunas normas de información sobre sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar, y de utilidad limitada para los inversores y otros, lo que dificulta la competitividad de la UE y su impulso de inversión. Muchas empresas han destacado las dificultades para aplicar determinadas disposiciones, señalando que la acumulación de requisitos a veces conduce a una complejidad y costes innecesarios. Las normas diseñadas para las empresas más grandes pueden afectar involuntariamente a las PYME.
Al facilitar la vida de las empresas de la UE y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, impulsar las inversiones y, en última instancia, permitir a las empresas abrazar la transición a una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática. Esto hace que nuestras normas sean aptas para el propósito, más proporcionadas y también más atractivas.
¿Qué medidas se proponen para garantizar que las pequeñas y medianas empresas (PYME) se beneficien de estos esfuerzos de simplificación?
Muchas de las medidas propuestas beneficiarán directamente a las PYME y, en algunos casos, exclusivamente. Esto es, en particular, el caso de una aplicación simplificada de la definición de PYME y de la exención de los IPC para las pequeñas transacciones. Además, la reducción de la frecuencia y el contenido de algunos informes también beneficiará a las PYMES, en la medida en que no estarán obligadas a hacer aportaciones para esos informes a los asociados en la ejecución.
¿Cómo exactamente las medidas propuestas desbloquearán la capacidad de inversión de unos 50.000 millones de euros?
La propuesta de modificación del Reglamento de la UE contribuiría a movilizar 50 000 millones de euros adicionales de inversión mediante:
1) aumentar el tamaño de la garantía de la UE en 2500 millones EUR, y
2) facilitar el uso combinado de la garantía InvestEU con la capacidad existente disponible en virtud de tres programas heredados (EFSI, CEF Debt Instrument y InnovFin Debt Facility Facility) para apoyar nuevas operaciones de financiación e inversión de InvestEU.
Al racionalizar las operaciones de los programas, la Comisión espera desbloquear alrededor de 50 000 millones de euros en inversión pública y privada, impulsando el crecimiento y la innovación en sectores clave como la tecnología limpia, la digitalización y la infraestructura sostenible.
