El Parlamento Europeo votó hoy a favor de posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad.
Según informó el Parlamento Europeo, con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión, parte de esfuerzos más amplios de simplificación destinados a fortalecer la competitividad de la UE.
Las nuevas normas de diligencia debida exigen a las empresas mitigar su impacto negativo en las personas y el planeta.
Los Estados miembros dispondrán de un año adicional (hasta el 26 de julio de 2027) para transponer las normas a su legislación nacional.
Esta prórroga de un año también se aplicará a la primera ola de empresas afectadas, a saber: las empresas de la UE con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros, y las empresas de fuera de la UE con una facturación superior a este umbral en la UE.
Estas empresas solo tendrán que aplicar las normas a partir de 2028. La fecha de aplicación será la misma para la segunda ola de empresas: las de la UE con más de 3.000 empleados y una facturación neta superior a 900 millones de euros, y las empresas de fuera de la UE con una facturación superior a ese umbral en la UE.
La aplicación de la directiva sobre información de sostenibilidad también se retrasará dos años para la segunda y tercera ronda de empresas cubiertas por la legislación. Las grandes empresas con más de 250 empleados estarán obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pymes que cotizan en bolsa deberán proporcionar esta información un año después.
La Comisión Europea presentó el paquete de simplificación “ Ómnibus I ” el 26 de febrero de 2025. Junto con la directiva que retrasa la aplicación de las normas de información y diligencia debida, aprobada hoy por el Parlamento, el paquete también incluye otra directiva que cambia el contenido y el alcance de los requisitos de información y diligencia debida en materia de sostenibilidad, cuyo trabajo comenzará ahora en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento .
