El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un acuerdo provisional para endurecer las normas contra las prácticas pesqueras no sostenibles permitidas por países no pertenecientes a la UE. La medida busca proteger las poblaciones de peces compartidas, garantizar una competencia leal y defender los intereses del sector pesquero europeo.
Los colegisladores de la Unión Europea acordaron reforzar la lucha contra las prácticas pesqueras no sostenibles llevadas a cabo por países no pertenecientes a la UE, especialmente cuando afectan a poblaciones de peces compartidas. El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros comunes, proteger los intereses de los pescadores europeos y asegurar condiciones de competencia justas en el mercado.
El secretario de Estado polaco de Agricultura y Desarrollo Rural, Jacek Czerniak, destacó que este acuerdo dota a la UE de herramientas más eficaces para promover la pesca responsable y actuar frente a la permisividad de terceros países ante prácticas perjudiciales para el medio marino. Según sus palabras, la Unión transmite un mensaje claro sobre su compromiso con la conservación de los recursos pesqueros y la defensa del sector pesquero europeo frente a la competencia desleal.
El texto acordado introduce una revisión normativa que aclara y hace más transparente el proceso para identificar a los países que permiten la pesca no sostenible. Se especifica qué se entiende por falta de cooperación, incluyendo la negativa a participar en consultas con otras partes implicadas o a adoptar y hacer cumplir medidas adecuadas de control.
Asimismo, se contempla la posibilidad de imponer restricciones, como prohibiciones de importación, cuando se determine que un país impone cuotas o medidas discriminatorias que deterioran el estado de las poblaciones de peces sin respetar los derechos y obligaciones internacionales.
Estas medidas podrán aplicarse tanto en relaciones bilaterales como en el marco de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), reforzando así la cooperación internacional. La Comisión Europea deberá mantener informados al Consejo y al Parlamento sobre los avances en las gestiones con terceros países y sobre cualquier medida restrictiva que se adopte.
Además, el acuerdo establece un plazo de 90 días para que los países no pertenecientes a la UE respondan a las notificaciones de Bruselas, y fomenta un diálogo permanente con el fin de propiciar cambios efectivos antes de recurrir a sanciones. Cuando las poblaciones afectadas estén bajo la jurisdicción de una OROP, será esta organización la encargada de intervenir inicialmente para intentar resolver la situación.
