El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asumido personalmente los “errores puntuales y los desajustes” cometidos por su Departamento en la gestión del contrato para la compra de municiones a una empresa israelí, un asunto que estuvo a punto de causar un grave cisma en el Ejecutivo de coalición y que se ha resuelto con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de rescindir unilateralmente el contrato.
Durante su comparecencia en el Congreso para explicar este asunto a petición del Grupo Mixto, ERC y EH Bildu, el ministro aseguró este miércoles que el 29 de octubre de 2024 ordenó “de manera inmediata parar la tramitación del expediente y estudiar la mejor vía para su rescisión”.
Una vez tomada esa decisión, prosiguió, el Ministerio exploró “todas las vías legales posibles para anular la adjudicación”, pero durante seis meses no encontró ninguna que impidiese “un perjuicio patrimonial para el Estado”. Por ello, aseguro, el departamento consultó a la Abogacía General del Estado, que “recomendó formalizar el contrato”.
No obstante, el Gobierno, con la colaboración de “instancias ajenas el Ministerio” y con la implicación de otros departamentos ministeriales, ha podido finalmente “articular un mecanismo para la rescisión”, añadió, sin más detalles.
“Soy consciente de que este contrato ha generado un problema, pero también de que, al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer o asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo con la implicación del conjunto del Gobierno, de una manera coordinada y eficaz”, manifestó Fernando Grande-Marlaska, quien negó que este asunto haya generado una crisis en el Gobierno de coalición. “Estamos trabajando juntos para resolver los problemas”, aseguró. “Tenemos muy claro el compromiso firme de no contratar armamento con empresas israelíes y les garantizo que así lo vamos a respetar”, insistió.
El ministro del Interior aseguró también que el equipamiento y la munición para la Policía Nacional y la Guardia Civil “están garantizados”, por lo que pidió a los grupos parlamentarios que esperen al desarrollo de los procedimientos administrativos “antes de hablar de desabastecimiento, falta de medios o inseguridad”.
PP Y SUMAR
En su respuesta, Sofía Acedo Reyes, del Partido Popular, advirtió de que la rescisión del contrato podría suponer un delito de “prevaricación administrativa” y lamentó que la decisión del Gobierno “dejará inutilizables” las armas de la Guardia Civil. “¿Por qué vuelve a castigar a la Guardia Civil?”, le preguntó.
Por su parte, Enrique Santiago, de Sumar (y de la formación Izquierda Unida, que llegó proponer en su día la salida de Sumar del Gobierno por este motivo) afirmó que “sobran argumentos éticos, políticos y jurídicos para anular cualquier contrato que financie el genocidio” y acusó a “la derecha y la extrema derecha” de “utilizar a la Guardia Civil para justificar genocidios”.
LA CRISIS
La polémica estalló el pasado 23 de abril, después de conocerse que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había decidido cumplir un contrato de más de seis millones de euros para la compra de quince millones de balas a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel.
El 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior decidió rescindir el contrato con la empresa israelí dentro del compromiso del Gobierno de “no comprar ni vender armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”, pero finalmente decidió atender una recomendación de la Abogacía del Estado en la que se desaconsejaba la rescisión porque el Estado se hubiera visto obligado a abonar íntegramente los 6,6 millones de euros sin recibir el material contratado. El contrato se cerró en plena Semana Santa, concretamente el pasado 16 de abril.
Tras conocerse la noticia, Sumar (socio minoritario en el Gobierno de coalición) expresó su total oposición a la operación, que representa “una vulneración flagrante de los compromisos adquiridos en el seno del Gobierno para la suspensión de la compra de armamento a Israel, así como de los tratados internacionales de comercio de armas”, y exigió “la cancelación inmediata del contrato” y “la comparecencia” de Grande-Marlaska, en el Congreso para que dé “todas las explicaciones necesarias en torno a esta adquisición”.
Finalmente, el Gobierno decidió rescindir unilateralmente el contrato el pasado 24 de abril, tras un acuerdo entre la Presidencia y los Ministerios concernidos en la operación. En consecuencia, la Junta de Inversión de Material de Doble Uso va a denegar a la empresa israelí el permiso de importación del material por razones de interés general y el Ministerio del Interior procederá a rescindir el contrato. La Abogacía del Estado y los Ministerios competentes ya estudian posibles reacciones legales y reclamaciones.
Tras conocerse esta decisión, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró que el Gobierno español “está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío, que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes”. La decisión del Gobierno fue duramente criticada también por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien declaró que “cuando un Estado hace un contrato con otro Estado se debe cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos Estados democráticos como España e Israel”.
