El debate sobre la regularización de migrantes en España llega a la Eurocámara y Bruselas advierte que no es un «cheque en blanco» para moverse por la UE

El debate sobre la medida española para la tramitación urgente de la regularización extraordinaria de migrantes se trasladó este martes al Parlamento Europeo, donde la derecha y la extrema derecha criticaron al gobierno español acusándolo de generar un efecto llamada y poner en riesgo la seguridad de los demás Estados miembros. Mientras tanto, los liberales y progresistas defendieron la medida, considerándola necesaria y argumentando que ya se ha implementado en ocasiones anteriores. Desde Bruselas, se señaló que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco" para moverse por la Unión Europea. El Comisario Europeo de Migración y Asuntos de Interior advirtió, durante el debate parlamentario, que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco" para circular por la UE, subrayando que las decisiones de los Estados miembros no deben generar consecuencias negativas para otras partes de la Unión. En este contexto, destacó que las medidas anunciadas por España para la regularización extraordinaria de migrantes deben alinearse con las normas y principios de la Unión Europea, y afirmó que si una persona con un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otro país de la UE, debe regresar al Estado que emitió dicho permiso. El Comisario señaló que las "cruces ilegales de fronteras han disminuido un 50% en los últimos dos años" y que las solicitudes de asilo también han experimentado una caída. Resaltó que esta tendencia no es "una coincidencia", sino el resultado de la colaboración en las rutas migratorias con los países vecinos y las organizaciones internacionales. También mencionó el sistema de entrada-salida de la UE, que comenzó a operar en octubre y se completará en abril, describiéndolo como "el sistema informático de fronteras más avanzado del mundo". Explicó que actualmente solo uno de cada cinco migrantes irregulares regresa a su país de origen, y subrayó que es necesario cambiar esta situación para garantizar que las políticas migratorias sean "creíbles". Reiteró la importancia de una migración "segura, legal y controlada", destacando que los principios de solidaridad y responsabilidad son esenciales para alcanzar estos objetivos. La derecha y la extrema derecha advierten sobre un "efecto llamada" Durante el debate parlamentario, la derecha y la extrema derecha advirtieron sobre el posible efecto llamada y los riesgos que la medida española podría suponer para el resto de la Unión, mientras que el ala liberal y los progresistas defendieron la regularización como una necesidad tanto económica como de derechos humanos. Desde el Grupo del Partido Popular Europeo (EPP), la principal fuerza política de la Eurocámara, la eurodiputada Dolors Montserrat denunció que esta medida "sabotea el pacto de migración y asilo" y abre una "brecha de seguridad en Schengen". Criticó la regularización "masiva", que se implementa "sin verificar si los migrantes tienen antecedentes penales y policiales" y sin "aprobación ni debate en el Parlamento Nacional". Advirtió que la regularización podría alimentar las mafias y fomentar el "efecto llamada", permitiendo que los migrantes circulen libremente por toda la UE en cuestión de horas. Montserrat subrayó que la regularización, al permitir que los migrantes circulen libremente por Schengen, tendría "consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros". Además, lanzó una crítica al presidente Sánchez, sugiriendo que su decisión tenía como objetivo tapar "su corrupción y su caída en las urnas" y que buscaba "inflar a los extremos para perpetuarse en el poder". Por otro lado, los socialdemócratas defendieron la medida española, argumentando que los migrantes en España "ya viven entre nosotros, trabajan, cuidan a nuestros mayores y sostienen sectores enteros de nuestra economía". Iratxe García Pérez, presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas, señaló que mantener a los migrantes "en la sombra" es "hipocresía", y que sacarlos "de la clandestinidad" es un acto de "dignidad". Destacó que España y Europa necesitan la migración, ya que "sin migración no hay pensiones, no hay sanidad y no hay crecimiento". Además, criticó a la derecha por haber aprobado medidas similares en el pasado y señaló que la derecha había cedido "ante la agenda involucionista de Vox". Jorge Buxadé, del grupo de Vox integrado en el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, manifestó que la inmigración "masiva y descontrolada" representa "un peligro existencial para Europa". Aseguró que la medida española conducirá a la desaparición de los "barrios, costumbres, leyes e instituciones" europeas, y generará problemas como “matrimonios fraudulentos, poligamia y familias enteras viviendo de ayudas públicas”. También afirmó que el gobierno de Sánchez busca "tapar su corrupción" y perpetuarse en el poder mediante la regularización. En la misma línea, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) destacó que una "regularización masiva" no es un asunto interno de España, sino "un asunto europeo", ya que afecta a todo el espacio Schengen. Según el eurodiputado español Diego Solier, la medida transmite el mensaje de que "entra ilegal, espera y te quedas", lo que considera un "efecto llamada" y un negocio para las mafias. Subrayó que Schengen solo funciona con "confianza", y advirtió que si un país toma decisiones sin garantías ni control, se rompe esa confianza, lo que podría generar más inseguridad y tensiones entre los Estados miembros. Oihane Ahirregoitia, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la alianza Renew Europe, expresó su apoyo a la regularización, pero criticó la forma en que se había tramitado. Afirmó que el modelo europeo debe ser "ordenado, humano y posibilista", y destacó que la medida española debería haberse ligado más al ámbito laboral para garantizar la integración y sostenibilidad de los sistemas. No obstante, lamentó que el proceso legislativo "no haya sido el más deseable", y que se debería haber tratado con más "diligencia, seriedad y transparencia". Desde la izquierda del hemiciclo, Jaume Asens, de los Verdes / Alianza Libre Europea (ALE), denunció que la extrema derecha utiliza el debate migratorio para "agitar con caricaturas racistas", como la idea de que los inmigrantes vienen a violar a las mujeres. Según Asens, esta retórica tiene como objetivo desviar la atención de otros problemas, como "la corrupción moral de las élites globales" que están detrás de su proyecto político. Defendió la regularización de los migrantes, considerando que no debilita la democracia, sino que la "salva". En su opinión, el odio y la exclusión promovidos por la extrema derecha solo empobrecen a Europa, mientras que el modelo que su grupo apoya es el de la "solidaridad" y "la integración". La eurodiputada de Podemos integrada en La Izquierda, Irene Montero, criticó las políticas de la extrema derecha, acusándola de ver a los migrantes como "esclavos" de los que aprovecharse. Según Montero, quienes se oponen a la regularización no quieren que las personas migrantes tengan papeles porque buscan explotarlas. Subrayó que la derecha no se enfoca en los derechos de los migrantes, sino en crear un clima de odio hacia ellos, y enfatizó que los derechos deben ser "tratados como personas", no como "ilegales". Europa de las Naciones Soberanas expresó su preocupación sobre las consecuencias de la regularización para toda Europa. Consideró que esta política enviaba un mensaje equivocado, dando la impresión de que "la inmigración ilegal será recompensada", lo que podría agravar la situación migratoria en el continente. La eurodiputada alemana Mary Khan destacó que los migrantes regularizados podrían viajar libremente por toda la UE, lo que afectaría a otros países como Alemania.

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