El Consejo define su mandato para negociar la reforma del producto de pensiones PEPP con el Parlamento

Los Estados miembros alcanzaron este miércoles una posición común sobre la revisión del producto paneuropeo de pensiones personales, conocido como PEPP, con el objetivo de modificar su marco regulatorio para facilitar su uso dentro de la Unión Europea. El PEPP es un producto de ahorro previsional voluntario creado en 2019 que puede complementar los sistemas públicos y profesionales de pensiones, así como los planes privados nacionales, y forma parte de las iniciativas vinculadas a la unión de los mercados de capitales y a la agenda de la unión de ahorros e inversiones. La posición acordada por el Consejo de la Unión Europea establece cambios en el funcionamiento del producto para reducir requisitos que se consideran limitantes en su desarrollo y distribución. Entre ellos, se elimina la obligación de que los proveedores ofrezcan asesoramiento de inversión en los PEPP básicos, de modo que ese asesoramiento solo deberá proporcionarse cuando el cliente lo solicite, lo que permite su comercialización en formato de ejecución directa. En el caso de los PEPP personalizados, se mantiene la obligación de asesoramiento por tratarse de productos adaptados a las necesidades individuales. El acuerdo también modifica el régimen de costes al eliminar el límite del uno por ciento sobre las comisiones vinculadas a la gestión del producto. En materia de inversión, se mantiene la propuesta de la Comisión Europea que permite una mayor flexibilidad en la asignación de activos en los PEPP básicos, con la posibilidad de destinar hasta un cinco por ciento de la cartera a activos no convencionales, incluidos ciertos activos alternativos. Asimismo, se preserva la posibilidad de que los empleadores realicen contribuciones a estos productos cuando exista un acuerdo previo. El Consejo ha decidido suprimir las disposiciones relativas al tratamiento fiscal del PEPP, a la ampliación de las competencias de supervisión a nivel europeo y a la creación de un marco de valoración basado en la relación entre coste y beneficio. A la vez, se introduce un refuerzo de las normas de gobernanza y control del producto para mantener la protección del consumidor dentro del nuevo diseño regulatorio. La posición acordada sirve como mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo, que deberá fijar su propia posición antes del inicio de las conversaciones interinstitucionales. Una vez ambas instituciones adopten sus respectivas posiciones, se abrirá la fase de negociación para alcanzar un acuerdo final sobre la revisión del reglamento del PEPP.

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