El Consejo de la Unión Europea ha dado este lunes su aprobación definitiva a un paquete de medidas destinado a reforzar la posición de los agricultores dentro de la cadena de suministro alimentaria. La decisión busca corregir los desequilibrios existentes en las relaciones comerciales entre productores, por un lado, y transformadores y distribuidores, por otro, con el objetivo de que los agricultores puedan mejorar su capacidad de negociación y obtener una participación más equitativa en el valor generado.
La reforma introduce cambios en la organización común de mercados de los productos agrarios y en la política agrícola común, con el propósito de adaptar el marco regulador a las condiciones actuales del sector. Entre las modificaciones más relevantes se establece la generalización de los contratos por escrito en las relaciones comerciales, así como la inclusión de cláusulas de revisión que permitan ajustar las condiciones a la evolución del mercado.
El nuevo marco también facilita el reconocimiento de las organizaciones de productores y refuerza su papel en la acción colectiva, incluyendo el acceso a determinados instrumentos de financiación. Al mismo tiempo, se armonizan a nivel europeo las definiciones voluntarias de comercialización, como las referencias a productos de “comercio justo” o “cadena corta”, con el fin de aportar mayor claridad en el etiquetado y en la información disponible para los consumidores.
´La normativa establece criterios más precisos para el uso del término “carne”, que quedará reservado a productos de origen animal, con el objetivo de evitar posibles prácticas de información engañosa y asegurar condiciones de competencia homogéneas en el mercado interior.
Las medidas adoptadas responden a preocupaciones expresadas en torno a la posición estructural de los agricultores en la cadena alimentaria y se presentan como un complemento a las normas ya existentes sobre prácticas comerciales desleales. Su aplicación se realizará de manera progresiva, ya que algunas disposiciones, en particular las relacionadas con las denominaciones de productos, contarán con un periodo de transición de tres años antes de su entrada en vigor plena, con el fin de facilitar la adaptación de los distintos actores del sector.