Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea adoptaron este lunes cuatro nuevos actos legislativos del paquete sobre «seguridad marítima» que buscan garantizar un transporte marítimo de alta calidad y fortalecer la competitividad del sector en Europa.
Las propuestas legislativas, presentadas por la Comisión Europea el 1 de junio de 2023, forman parte de un esfuerzo más amplio que incluye también la revisión del mandato de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y tienen como objetivo principal modernizar la normativa comunitaria en materia de seguridad marítima y reducir la contaminación marina causada por buques.
Los actos aprobados modifican las directivas sobre la investigación de accidentes marítimos, la contaminación causada por buques, el cumplimiento de los requisitos del Estado del pabellón y el control del Estado rector del puerto.
Una vez entren en vigor, 20 días después de ser firmados por el presidente del Consejo y la presidenta del Parlamento Europeo, los Estados miembros tendrán 30 meses para incorporar estas disposiciones a su legislación nacional.
La nueva normativa sobre investigación de accidentes marítimos amplía su alcance a los buques pesqueros de menos de 15 metros, asegurando investigaciones armonizadas en caso de accidentes graves.
Mejora la capacidad e independencia de los organismos nacionales para realizar investigaciones con rigor y rapidez, actualiza definiciones y referencias legales para mayor coherencia con las normas internacionales, refuerza la confidencialidad de los resultados y simplifica procedimientos para reducir cargas administrativas innecesarias.
En cuanto a la contaminación procedente de buques, las normas internacionales se incorporan al Derecho de la UE para imponer sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias contra los responsables de vertidos contaminantes.
La normativa amplía su alcance a nuevos tipos de vertidos y refuerza el marco jurídico para sanciones administrativas, asegurando su aplicación uniforme en todos los mares europeos. También distingue entre sanciones administrativas y penales, alineando las disposiciones con el Convenio MARPOL para garantizar claridad y coherencia.
La revisión de las obligaciones del Estado del pabellón alinea la normativa con estándares internacionales como el código III de la OMI. Refuerza la supervisión e inspección de buques abanderados, fomenta el uso de herramientas digitales y establece un enfoque uniforme para evaluar el desempeño de las flotas y las funciones del Estado del pabellón.
Finalmente, la normativa actualizada sobre el control del Estado rector del puerto fortalece la seguridad marítima y la protección del medio marino al alinearse con normas internacionales del Memorando de Entendimiento de París y los convenios de la OMI.
También introduce un régimen de inspecciones voluntarias para buques pesqueros de más de 24 metros, promoviendo un enfoque eficiente y armonizado en la realización de estas inspecciones.
