Bruselas remite a España al Tribunal de Justicia de la UE por no trasponer directivas relacionadas con ciberseguridad y fondos propios y pasivos admisibles

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la transposición de dos directivas comunitarias: una relativa al refuerzo de la ciberseguridad en sectores críticos y otra sobre determinados aspectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) para las entidades bancarias. En ambos procedimientos, el Ejecutivo comunitario solicita además la imposición de sanciones financieras al considerar insuficientes los avances realizados por las autoridades españolas. Ciberseguridad: cuatro Estados miembros ante el TJUE Según informa la Comisión Europea, Bruselas ha remitido a España, Irlanda, Francia y Países Bajos al TJUE por no haber notificado la transposición completa de la Directiva NIS2 sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información antes del plazo fijado, que expiró el 17 de octubre de 2024. La norma refuerza el marco europeo de ciberseguridad al establecer requisitos más estrictos para entidades públicas y privadas que operan en 18 sectores considerados críticos, entre ellos la energía, la sanidad, el transporte y las administraciones públicas. Su objetivo es mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a incidentes cibernéticos y aumentar la resiliencia de la Unión Europea. Tras enviar cartas de emplazamiento en noviembre de 2024 y dictámenes motivados en mayo de 2025, la Comisión considera que estos cuatro Estados miembros siguen sin cumplir plenamente sus obligaciones, por lo que ha solicitado al Tribunal la imposición de multas a tanto alzado y sanciones diarias hasta que se complete la transposición. Fondos propios y pasivos admisibles En un procedimiento separado, la Comisión también ha decidido denunciar a España ante el TJUE por no incorporar a su ordenamiento la Directiva (UE) 2024/1174, que modifica determinados aspectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) aplicable a bancos y otras entidades financieras. La normativa introduce cambios para permitir que el MREL pueda fijarse sobre una base consolidada para un mayor número de entidades e incorpora un tratamiento específico para aquellas cuya liquidación se prevé mediante procedimientos ordinarios de insolvencia. Bruselas recuerda que el plazo para la transposición finalizó el 13 de noviembre de 2024 y subraya que España es el único Estado miembro que todavía no ha comunicado la incorporación completa de la directiva a su legislación nacional. Tras el envío de una carta de emplazamiento en enero de 2025 y un dictamen motivado en julio del mismo año, la Comisión considera que los avances realizados siguen siendo insuficientes. Las infracciones señaladas por Bruselas En el ámbito de la ciberseguridad, la Comisión sostiene que la falta de transposición de la Directiva NIS2 retrasa la aplicación de un marco común destinado a reforzar la protección de infraestructuras y servicios esenciales frente a las crecientes amenazas cibernéticas. En materia bancaria, el Ejecutivo comunitario advierte de que el incumplimiento impide que las entidades españolas puedan beneficiarse del régimen previsto en la nueva directiva sobre el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), lo que puede traducirse en mayores costes de financiación respecto a grupos bancarios establecidos en otros Estados miembros. Asimismo, considera que la ausencia de transposición rompe la igualdad de condiciones en el mercado único y priva a determinadas entidades de las simplificaciones previstas por la normativa. Por otro lado, Bruselas también ha decidido remitir a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adaptar plenamente su legislación a la Directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y a los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión considera que la normativa española no garantiza el reconocimiento de las cualificaciones de traductores e intérpretes jurados plenamente cualificados en otros Estados miembros que deseen establecerse o prestar servicios temporalmente en España. Asimismo, la Comisión ha remitido a Grecia al TJUE por mantener condiciones laborales discriminatorias para los docentes con contratos de duración determinada en las escuelas públicas, al entender que su legislación vulnera la Directiva sobre el trabajo de duración determinada al establecer un trato menos favorable que el dispensado al personal fijo, especialmente en aspectos como los permisos por maternidad y por enfermedad. Además, Bruselas ha enviado a España un dictamen motivado por no haber incorporado al Derecho nacional las modificaciones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación y de la segunda Directiva sobre servicios de pago introducidas por el Reglamento sobre pagos inmediatos, ni haber notificado las medidas de ejecución relativas al régimen sancionador. La Comisión concede ahora un plazo de dos meses para subsanar estas deficiencias, antes de decidir si eleva también este expediente al Tribunal de Justicia. Por último, el Ejecutivo comunitario inició este miércoles un nuevo procedimiento de infracción contra España por la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Bruselas envió una carta de requerimiento al considerar que la normativa española no garantiza la revisión periódica de los permisos de agua exigida por la legislación comunitaria. España dispone de dos meses para responder antes de que la Comisión decida los siguientes pasos del procedimiento.

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