Bruselas presenta su estrategia para revitalizar el Mercado Único y facilitar la actividad empresarial

La Comisión Europea presentó este miércoles una estrategia integral para consolidar un espacio económico más integrado, resiliente y competitivo, en el que bienes, servicios, personas y capitales puedan circular sin obstáculos innecesarios. La propuesta, explicó el Ejecutivo comunitario, se basa en una acción conjunta entre los Estados miembros, el uso de herramientas digitales modernas y una regulación más eficaz, con el objetivo de convertir el Mercado Único en un entorno más simple y justo tanto para empresas como para ciudadanos. Uno de los ejes centrales de la estrategia es reducir la complejidad legal y administrativa que actualmente dificulta la expansión de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas. Según la Comisión, muchas normativas europeas están mal coordinadas entre sí y su aplicación varía demasiado entre países, lo que genera una carga innecesaria para quienes desean operar a escala europea. En ese sentido, Bruselas propone la introducción de un “28º régimen”, un marco legal voluntario y común que permitiría a las empresas establecerse y operar en cualquier país de la UE sin tener que adaptarse a legislaciones nacionales divergentes. Esta nueva vía estará basada en soluciones digitales por defecto, con procesos simplificados que permitirían, por ejemplo, crear una empresa en cuestión de horas y reducir costes legales asociados. La estrategia también busca reforzar la digitalización de los trámites administrativos, acelerar el reconocimiento de cualificaciones profesionales y avanzar hacia una armonización más eficiente de los servicios, superando las restricciones que impiden a las compañías ofrecer sus productos o servicios en distintos países sin duplicar esfuerzos regulatorios. Medidas para liberar el comercio de mercancías La Comisión propone también actuar sobre algunas de las barreras más persistentes que dificultan la libre circulación de las mercancias, priorizando la armonización de los requisitos de etiquetado, envases y residuos, actualmente fragmentados entre los Estados miembros. Para ello, se promoverá el uso de etiquetas digitales basadas en códigos QR, que permitan a los consumidores acceder fácilmente a la información del producto y a las empresas simplificar el cumplimiento normativo. Este sistema se integrará en el futuro Pasaporte Digital de Productos, un contenedor digital que concentrará toda la información relevante sobre cada artículo. También se prevé simplificar los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, relacionados con la gestión de productos al final de su vida útil. La Comisión plantea establecer una ventanilla única digital para trámites, reducir las obligaciones de información y eliminar requisitos injustificados como la designación obligatoria de representantes en cada país. Para hacer frente al desfase entre la legislación y los estándares técnicos necesarios para aplicarla, la Comisión revisará el Reglamento de Normalización para agilizar el desarrollo de normas, mejorar el acceso para pymes y reforzar el papel de la UE como referente normativo internacional. Como medida inmediata, se permitirá a las empresas utilizar especificaciones comunes cuando aún no existan normas armonizadas. Además, se abordarán las restricciones territoriales de suministro impuestas por algunos fabricantes, que impiden a los minoristas comprar productos en países donde son más baratos y revenderlos en otros. Bruselas desarrollará herramientas específicas para actuar contra estas situaciones cuando no estén justificadas ni cubiertas por la normativa de competencia. Cuarto paquete ómnibus de simplificación y una nueva categoría empresarial La Comisión presentó este mismo miércoles una propuesta adicional para reducir en 400 millones de euros anuales los costes administrativos que enfrentan las empresas, sumándose a los más de 8.000 millones ya identificados a través de iniciativas anteriores. El objetivo es avanzar hacia la meta de reducir en un 25 % los costes administrativos generales y en un 35 % los que afectan específicamente a las pequeñas y medianas empresas antes de que finalice el actual mandato. Bruselas propuso la creación de una nueva categoría empresarial: las “small mid-caps” (SMCs), que agrupa a compañías con menos de 750 empleados. Esta medida permitirá a unas 38.000 empresas acceder por primera vez a beneficios regulatorios reservados hasta ahora a las pymes, como exenciones en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y normas simplificadas para su cotización en bolsa. El Ejecutivo comunitario también anunció la eliminación de la obligación de registro en el portal de gases fluorados para operadores con bajo impacto ambiental, como concesionarios de vehículos usados; una flexibilización en las obligaciones del RGPD para empresas de menos de 750 empleados, que solo deberán llevar registros de tratamiento de datos cuando exista un riesgo elevado; y la digitalización de procesos aún basados en papel, como las declaraciones de conformidad o las instrucciones de uso. Asimismo, se ampliará el plazo para que las empresas del sector de baterías se adapten a las nuevas reglas de diligencia debida, postergando su entrada en vigor de 2025 a 2027. La Comisión publicará directrices con un año de antelación para facilitar su implementación. Estas acciones forman parte del cuarto paquete Omnibus de simplificación regulatoria. El siguiente, previsto para junio de 2025, se centrará en el sector de la defensa, y será seguido por nuevas propuestas en los ámbitos de la industria química y la economía digital.

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