La Comisión Europea ha decidido no posponer un año más la implementación de la ley contra la deforestación importada, optando por ofrecer más flexibilidad en su puesta en marcha. Bruselas ha propuesto un periodo de transición extendido y la suspensión temporal de las sanciones hasta mediados de 2026 para asegurar que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, puedan adaptarse gradualmente a las nuevas exigencias sin verse afectadas por multas durante los primeros meses de implementación.
El EUDR, que tiene como objetivo frenar la deforestación y la degradación forestal global asociada al comercio de productos clave dentro de la UE, entrará en vigor según lo previsto en diciembre de 2025 para las grandes y medianas empresas. Sin embargo, para facilitar la adaptación de los actores más pequeños del mercado, como las microempresas y los operadores de países con bajo riesgo, la Comisión ha propuesto una extensión del plazo hasta diciembre de 2026. Durante este período, las sanciones no se aplicarán, lo que permitirá a los operadores ajustar sus procesos de cumplimiento sin la presión de las multas.
Además de esta prórroga en los plazos, la Comisión ha introducido medidas para simplificar la carga administrativa, especialmente para los operadores más pequeños. Estos solo tendrán que presentar una declaración única en el sistema informático del EUDR, en lugar de realizar múltiples presentaciones de due diligence como se había previsto inicialmente. Este cambio se centra en reducir los trámites para las microempresas, muchas de las cuales operan en países de bajo riesgo, al tiempo que se mantiene el principio de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
Otro aspecto clave de la iniciativa es el fortalecimiento del sistema informático que gestionará las interacciones entre los operadores del mercado y las autoridades europeas. Desde su lanzamiento en diciembre de 2024, la Comisión ha trabajado estrechamente con las partes interesadas para garantizar que el sistema pueda manejar el volumen de transacciones y la carga administrativa previstas. Sin embargo, tras una revisión de la capacidad del sistema, se ha determinado que es necesario un ajuste en los plazos para asegurar que este soporte tecnológico pueda funcionar de manera eficiente ante el alto volumen de operaciones esperadas.
La simplificación de los trámites y la extensión del período de transición forman parte de un esfuerzo más amplio de la Comisión para hacer que la implementación del EUDR sea tanto efectiva como justa. Si bien se mantienen los objetivos medioambientales, la Comisión ha adaptado las medidas de forma que las empresas puedan cumplir con la normativa sin que esto se traduzca en un costo administrativo excesivo.
Se estima que estas medidas permitirán reducir hasta un 30% los costos administrativos para las empresas, lo que les dará mayor margen para centrarse en el cumplimiento de las exigencias medioambientales sin comprometer su viabilidad económica.
El próximo paso es que el Parlamento Europeo y el Consejo debatan y aprueben formalmente la propuesta. La Comisión ha instado a los legisladores a actuar con rapidez para garantizar que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor antes de final de 2025, permitiendo una transición sin contratiempos hacia un mercado europeo libre de productos asociados a la deforestación.
