Introducción
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado tras años de negociaciones, ha entrado en su fase decisiva justo cuando algunos Estados miembros empiezan a cuestionar su aplicación. Polonia ha anunciado que no participará en el mecanismo de reubicación de migrantes previsto en el nuevo reglamento, mientras Italia y Grecia reclaman mayor apoyo financiero y operativo para gestionar la presión en sus fronteras. El desencuentro refleja un problema de fondo: la Unión Europea sigue sin un consenso político sobre cómo combinar la responsabilidad compartida con la soberanía nacional en materia migratoria.
- Un pacto construido sobre el equilibrio de lo imposible
El Pacto de Migración y Asilo fue concebido para superar los enfrentamientos que paralizaron la política común desde la crisis de 2015. Su objetivo era doble: garantizar un control más eficaz de las fronteras exteriores y asegurar una distribución más equitativa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros. En teoría, el sistema introduce un “mecanismo de solidaridad flexible”, que permite a cada país elegir entre acoger personas reubicadas, aportar fondos o asumir otras contribuciones logísticas. Sin embargo, en la práctica, la flexibilidad se ha convertido en la vía de escape de los gobiernos más reticentes. Polonia y Hungría ya han anunciado su negativa a participar, mientras que otros países del Este reclaman exenciones basadas en su esfuerzo por acoger refugiados ucranianos.
El pacto, que debía simbolizar la cohesión europea, se enfrenta así a un problema de credibilidad. Su éxito depende de la voluntad política de los Estados, no sólo de la letra de los reglamentos. Sin esa cooperación efectiva, la gestión migratoria europea corre el riesgo de volver a fragmentarse entre quienes defienden la solidaridad y quienes priorizan el control soberano de sus fronteras.
- La frontera sur: un laboratorio de la política europea
España, Italia, Grecia y Malta constituyen la primera línea de entrada de migrantes irregulares a la UE. En estos países, la migración no es una abstracción política sino una realidad diaria que afecta a los recursos públicos, la seguridad y la estabilidad social. Roma ha insistido en que el nuevo pacto debe traducirse en una mayor presencia operativa de Frontex y en una financiación suficiente para las políticas de retorno. Madrid, por su parte, ha abogado por reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, especialmente con Marruecos y Mauritania, bajo el enfoque de “corresponsabilidad compartida”.
La Comisión Europea ha intentado responder a estas demandas con el llamado Plan de Acción para el Mediterráneo Central, que refuerza la capacidad de vigilancia marítima y agiliza los procesos de retorno. Sin embargo, las ONG y varios eurodiputados denuncian que el énfasis en el control fronterizo se ha impuesto sobre los derechos humanos, y que los acuerdos con países terceros —como el firmado con Túnez en 2024— implican riesgos de externalización de responsabilidades y vulneración de garantías básicas.
- Polonia y Hungría: la resistencia del bloque del Este
El rechazo de Polonia al mecanismo de reubicación reabre una vieja fractura en el Consejo. Varsovia sostiene que su contribución en la acogida de millones de refugiados ucranianos justifica su exención del sistema de cuotas. Hungría, por su parte, mantiene una oposición frontal a cualquier política de reparto, alegando que la seguridad nacional debe primar sobre la solidaridad europea. Ambas posiciones se amparan en la lógica soberanista y en el respaldo de una parte significativa de sus electorados, sensibles a los discursos de control fronterizo.
La Comisión dispone de instrumentos limitados para obligar al cumplimiento del pacto. Podría recurrir a procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero eso abriría un conflicto político que Bruselas desea evitar en vísperas de un nuevo ciclo institucional. Mientras tanto, el mensaje político es ambiguo: una norma recién aprobada puede empezar a aplicarse con excepciones que la vacíen de contenido.
- Alemania, Francia y el dilema de la coherencia interna
Los grandes países del núcleo europeo también atraviesan sus propias tensiones. Alemania, tradicional defensora de una política de acogida equilibrada, vive un debate interno sobre los límites de su capacidad de integración, impulsado por el ascenso de la extrema derecha y las presiones de los Länder. Francia combina un discurso de firmeza con medidas de control reforzado, intentando mantener la cohesión de una opinión pública polarizada. Ambos países apoyan el pacto europeo, pero piden que su aplicación se acompañe de una política exterior más proactiva que reduzca los flujos desde el origen.
En paralelo, la presidencia belga del Consejo ha insistido en la necesidad de convertir el pacto en una “arquitectura operativa” antes de finales de 2025. Para ello, propone avanzar en la creación de un sistema común de información sobre asilo, el refuerzo del mandato de la Agencia de Asilo de la UE y la definición de estándares homogéneos para los procedimientos de acogida y retorno. La coordinación institucional avanza, pero la cohesión política sigue siendo frágil.
- Una cuestión de legitimidad europea
El debate sobre migración y asilo trasciende la gestión administrativa. Se ha convertido en una cuestión de legitimidad política y moral para el proyecto europeo. La forma en que la UE equilibre seguridad, solidaridad y derechos humanos determinará su credibilidad ante los ciudadanos y ante el mundo. La divergencia entre los Estados miembros demuestra que la integración europea sigue incompleta en los ámbitos más sensibles de la soberanía nacional.
El pacto es, en definitiva, un compromiso imperfecto, pero representa el único marco posible para avanzar en una política común. Su éxito dependerá de la capacidad de la Unión para combinar incentivos financieros, cooperación exterior y mecanismos de cumplimiento. Si fracasa, la gestión de los flujos migratorios volverá a recaer sobre los países más expuestos, alimentando un ciclo de desconfianza y fragmentación que socava la esencia del proyecto europeo.
Claves del análisis
Contexto: El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo busca conciliar el control fronterizo con la solidaridad entre Estados miembros. Polonia y Hungría han anunciado su negativa a participar en el sistema de reubicación, mientras el sur reclama más apoyo financiero y operativo.
Implicaciones: La falta de consenso amenaza con debilitar la aplicación del pacto y reabrir las divisiones entre el norte, el sur y el este de la Unión. La gestión migratoria se convierte en un test político para la credibilidad de la UE como comunidad de valores compartidos.
Perspectivas: La Comisión tratará de aplicar el pacto de forma gradual y pragmática, combinando cooperación exterior y presión política sobre los países reticentes. Su éxito dependerá de que los Estados asuman la migración no como un problema nacional, sino como un desafío europeo común.
Copyright todos los derechos reservados grupo Prensamedia.
