Luz verde definitiva a la regulación de la UE para el reciclaje y diseño de vehículos

El Parlamento Europeo dio este jueves su aprobación final a la regulación sobre circularidad en el sector automovilístico de la Unión Europea, que abarca el diseño de los vehículos y su gestión al final de la vida útil. La votación en el pleno se cerró con 437 votos a favor, 112 en contra y 20 abstenciones, tras un acuerdo previo con el Consejo de la Unión Europea a finales de 2025. La normativa establece que los vehículos nuevos deberán ser diseñados de forma que facilite la extracción de piezas y componentes para su reutilización y reciclaje. También fija requisitos sobre el uso de materiales reciclados, en particular en los plásticos, que deberán incluir un porcentaje mínimo del 15% en un plazo de seis años desde la entrada en vigor y del 25% en diez años. Dentro de ese volumen, una parte deberá proceder de vehículos fuera de uso o de piezas recuperadas. En el ámbito de la gestión de vehículos usados, se introducen requisitos para las transacciones realizadas por empresas, que deberán contar con una evaluación que confirme que el vehículo no ha llegado al final de su vida útil o con un certificado de aptitud para la circulación. En el caso de operaciones entre particulares, estas exigencias se aplicarán en situaciones específicas vinculadas a la baja definitiva del vehículo o a la venta mediante plataformas digitales. La normativa prevé además la ampliación de la responsabilidad de los productores, que deberán asumir los costes asociados a la recogida y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil en toda la Unión Europea a partir de un periodo de tres años desde la entrada en vigor. También se establecen restricciones a la exportación de vehículos considerados no aptos para circular, con el objetivo de evitar su tratamiento fuera de los canales regulados. Esta medida se aplicará cinco años después de la entrada en vigor del reglamento. Tras la aprobación en el Parlamento Europeo, el texto deberá recibir la adopción formal del Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor, prevista para 24 meses después.

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