El Parlamento respalda la creación de centros de retorno en terceros países

El acuerdo informal alcanzado el pasado 1 de junio con el Consejo para acelerar los retornos de nacionales de países no pertenecientes a la UE, así como para permitir la expulsión hacia centros de retorno situados en terceros países, fue aprobado este miércoles por el pleno con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. El acuerdo alcanzado por los colegisladores establece que la decisión de retorno emitida por las autoridades nacionales competentes a personas en situación irregular conllevará la obligación de abandonar el país de la UE de inmediato o dentro de un plazo determinado, y que los nacionales de terceros países que no tienen derecho a residir en los Estados miembros deberán cooperar con las autoridades. Se prevé la posibilidad de detención de hasta 24 meses tras una evaluación individual mientras se prepara el retorno, especialmente cuando exista falta de cooperación, riesgo de fuga o riesgos para la seguridad. Esta detención podrá prolongarse hasta seis meses adicionales si cambian las circunstancias, aparece nueva información o mejora la cooperación con el país de origen o de retorno. Si un nacional de un tercer país se traslada a otro Estado miembro, podrá aplicarse un nuevo período de detención. Los Estados miembros también podrán exigir informes periódicos o la obligación de residir en un lugar designado. El acuerdo también contempla la detención de menores no acompañados y familias con hijos, aunque únicamente como medida de último recurso y por el período más breve posible. Paralelamente, se contemplan alternativas a la detención, como garantías financieras o vigilancia electrónica. Las autoridades nacionales podrán llevar a cabo acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo. Estas acciones podrán incluir registros de nacionales de terceros países, sus domicilios u otros locales pertinentes, con sujeción a la autorización judicial o administrativa, así como el registro y la incautación de pertenencias personales y dispositivos electrónicos. Los Estados miembros podrán imponer prohibiciones de entrada superiores a los diez años para personas consideradas un riesgo, e incluso prohibiciones de duración indefinida en los casos más graves. Las decisiones de retorno quedarán registradas en una “orden de retorno europea”, accesible en todo el espacio Schengen a través del Sistema de Información de Schengen, lo que permitirá que un Estado miembro reconozca y ejecute decisiones adoptadas por otro. El texto también introduce la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países para personas sin derecho de estancia en la UE, siempre que dichos acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Antes de su aplicación, los Estados miembros deberán informar a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros. Tras la aprobación del Parlamento, el texto deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y publicado en el Diario Oficial antes de su entrada en vigor.

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