Los ministros de Medio Ambiente no logran un acuerdo sobre los objetivos climáticos de la UE para 2040

El Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, reunido este jueves en Bruselas, no consiguió alcanzar un acuerdo sobre los objetivos climáticos intermedios para 2035 y 2040, posponiendo el debate para que sea abordado por los jefes de Estado y de Gobierno. A pesar de los esfuerzos iniciales de la Presidencia danesa para lograr un compromiso formal entre los ministros, Francia y Alemania pidieron que la discusión se elevara a un nivel más alto, algo que fue respaldado por otros Estados miembros. Este desacuerdo impide que la UE actualice sus planes climáticos, como exige la ONU, y retrasa la definición de la hoja de ruta para la reducción de emisiones de cara a 2040. La Comisión Europea había propuesto un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040, con flexibilidad para que los Estados miembros pudieran cumplir con la meta de acuerdo con sus propias circunstancias nacionales. A pesar de no alcanzar un consenso sobre los objetivos climáticos, los ministros de Medio Ambiente aprobaron una declaración de intenciones sobre la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de la UE para el periodo posterior a 2030. En esta declaración, la Unión Europea reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París, anunciando su intención de presentar un objetivo indicativo de reducción de emisiones para 2035, con un rango entre el 66% y el 72,5%. Esta cifra estaría basada en la legislación climática vigente y en el objetivo de reducción de emisiones para 2040. Aunque esta declaración no constituye un NDC oficial, resalta, según el Consejo, el compromiso de la UE con la acción climática global y su meta de actualizar su contribución antes de la COP30, que se celebrará en Dubái en noviembre de 2025. En el ámbito comercial, los ministros aprobaron la posición de la UE en las negociaciones con Moldavia, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado para ciertos productos agrícolas que aún no están liberalizados. El Consejo también autorizó el inicio de negociaciones con el Reino Unido y Canadá para su participación en el instrumento de préstamo de defensa SAFE, valorado en 150.000 millones de euros. Asimismo, el Consejo adoptó enmiendas a las regulaciones existentes para abordar de manera más efectiva los desafíos estratégicos emergentes en el ámbito de la cohesión económica, social y territorial. Estas modificaciones están dirigidas a garantizar una mayor equidad en el desarrollo y la integración de las regiones europeas, en consonancia con la revisión a medio plazo de la política de cohesión de la UE.

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