Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron este viernes la posición del Consejo sobre la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), instrumento destinado a fijar un precio a las emisiones de carbono asociadas a determinados bienes importados. La posición acordada amplía el ámbito de aplicación del mecanismo a nuevos productos e introduce medidas para prevenir posibles vías de elusión del sistema.
La posición aprobada extiende el alcance del CBAM a determinados productos derivados de materiales intensivos en carbono, más allá de las materias primas que cubre actualmente, e introduce ajustes en la lista de bienes incluidos. El texto también prevé que la Comisión Europea realice revisiones anuales para valorar la posible incorporación futura de nuevos productos.
El acuerdo incorpora asimismo medidas para reforzar la prevención de la elusión, incluyendo la inclusión de determinados residuos metálicos en el ámbito del mecanismo y la atribución a la Comisión de competencias para actuar ante prácticas de evasión detectadas.
Además, se precisan las condiciones para la concesión de exenciones temporales en caso de circunstancias graves e imprevistas que afecten al mercado interior, mediante el establecimiento de criterios definidos para su aplicación.
Los Estados miembros también debatieron el paquete legislativo incluido en la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones. Las discusiones se centraron en el refuerzo del papel de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en la supervisión de entidades con actividad transfronteriza, así como en la distribución de competencias entre el futuro consejo ejecutivo de la autoridad y el actual consejo de supervisores.
Los ministros intercambiaron posiciones sobre los criterios para determinar qué entidades quedarían sujetas a supervisión a escala europea y sobre el equilibrio entre la supervisión a nivel de la Unión y las competencias nacionales.
El Consejo decidió cerrar el procedimiento por déficit excesivo abierto a Malta en 2024, tras constatar que el déficit público del país se ha situado de forma sostenida por debajo del 3 % del PIB. Asimismo, aprobó la activación de la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para España, que permite una desviación temporal de determinados requisitos presupuestarios con el fin de facilitar el aumento del gasto en defensa, manteniendo la sostenibilidad de la deuda pública.
La Comisión Europea presentó además el paquete de primavera del Semestre Europeo 2026, que incluye recomendaciones específicas para cada Estado miembro en materia económica, social, laboral, estructural y presupuestaria. Estas recomendaciones serán examinadas por los Estados miembros antes de su adopción prevista en julio.