Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea se reunieron este lunes en Bruselas para abordar el futuro de la Política Agrícola Común, pidiendo su refuerzo para asegurar su eficacia y adaptabilidad a los desafíos geopolíticos, climáticos y económicos actuales. Discutieron también la protección de los agricultores dentro de la cadena alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad.
Los participantes discutieron el refuerzo de la seguridad alimentaria y la consolidación de la autonomía estratégica de la Unión Europea. En su intervención, destacaron la relevancia del apoyo al sector agrícola, la protección de los agricultores dentro de la cadena alimentaria y el rol de la UE en la seguridad alimentaria mundial.
En este marco, se trató la futura política agrícola común para después de 2027. Según la ministra chipriota de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Maria Panayiotou, los ministros intercambiaron opiniones para establecer una base común que permita diseñar una política agrícola «coherente, ambiciosa y orientada al futuro». Destacaron la necesidad de emitir recomendaciones oportunas para apoyar la planificación nacional, y varios ministros subrayaron la importancia de contar con mecanismos de transición adecuados.
El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, enfatizó que las recomendaciones buscan asegurar «un campo de juego equitativo entre los Estados miembros» y mantener el carácter común de la PAC. Aseguró que las recomendaciones no serán «jurídicamente vinculantes», sino que se derivarán de un proceso colaborativo con los Estados miembros, proceso que ya ha comenzado. En este sentido, añadió que no se partirá de cero, sino que se aprovecharán los avances logrados hasta el momento.
Panayiotou indicó que estas recomendaciones deben orientar la preparación de los planes nacionales y regionales para el periodo posterior a 2027 y servir como un mecanismo que garantice condiciones equitativas en toda la Unión, teniendo en cuenta las particularidades nacionales y regionales. A pesar de no ser vinculantes, resaltó que las recomendaciones deben ofrecer una orientación clara y no ser prescriptivas, respetando la flexibilidad y subsidiariedad de los países.
El Consejo también debatió el informe de evaluación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, publicado por la Comisión en diciembre de 2025. La Directiva, según indicaron tanto el Consejo como la Comisión, ha contribuido a reducir prácticas como la morosidad y a mejorar la protección de agricultores y pequeños proveedores. No obstante, persisten desafíos como la aplicación desigual y el temor a represalias.
Los ministros analizaron también los desequilibrios en el poder de negociación dentro de la cadena alimentaria, que afectan a agricultores y pequeños proveedores. Panayiotou destacó la necesidad de reforzar la posición de los productores primarios, lo cual es esencial para proteger los ingresos agrarios y está alineado con los objetivos de la PAC. Este intercambio permitió ofrecer orientación política a la Comisión, que planea presentar una propuesta de revisión en el segundo semestre de 2026.
Abordaron también las crisis recientes en España, Portugal y Chipre, que, según Panayiotou, han evidenciado las «presiones interconectadas crecientes» que enfrentan los agricultores y las comunidades rurales, y que requieren una acción coordinada y solidaria. La ministra anunció que, en el Consejo de marzo, se debatirá específicamente sobre cómo gestionar las respuestas ante desastres naturales y enfermedades animales, con el objetivo de garantizar un apoyo más eficaz.
Los ministros resaltaron el papel de la UE en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En un contexto de tensiones geopolíticas y perturbaciones climáticas, coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación estratégica entre la UE y la FAO. De cara al relevo en la dirección general previsto para mediados de 2027, varios ministros destacaron que la Unión y sus Estados miembros son algunos de los principales contribuyentes, y señalaron que «ya es hora de que una mujer de la UE ocupe el puesto de Directora General».
Panayiotou destacó que la autonomía estratégica «no es solo un concepto abstracto», sino que implica la capacidad de alimentar a la población y proteger a los agricultores y las comunidades rurales y costeras, al tiempo que la Unión actúa en el ámbito internacional. Añadió que la Presidencia chipriota continuará trabajando en colaboración con los Estados miembros y la Comisión en los próximos meses.
España pide a Bruselas un refuerzo de la PAC
Durante la jornada, España, junto con Francia y Portugal, y con el apoyo de 14 Estados miembros adicionales, instó a la Comisión Europea a reforzar la Política Agraria Común (PAC). El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, subrayó que “la PAC debe seguir siendo la piedra angular de la seguridad alimentaria, del mantenimiento de un medio rural vivo y de la cohesión territorial de la Unión”, en un contexto de “gran incertidumbre geopolítica, climática y económica”.
Planas destacó que la PAC necesita ser “una política autónoma y sólida, con dotación suficiente, capaz de responder a prioridades como seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y climática, rentabilidad de las explotaciones y relevo generacional”.
España solicitó al Ejecutivo comunitario ir “más allá” de la propuesta inicial de la Presidencia chipriota, que considera “positiva pero insuficiente”. Pidió que se trasladen al reglamento específico de la PAC y al reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) todas las disposiciones esenciales sobre política agraria, actualmente incluidas en el Reglamento de Planes Nacionales y Regionales, y que sean debatidas y decididas en los órganos sectoriales específicos como el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.
El ministro resaltó asimismo que “no tiene sentido” que sea el Consejo de Asuntos Generales quien decida sobre cuestiones como la definición de agricultor activo, es decir, quién tiene derecho a percibir las ayudas de la PAC, en lugar de ser los órganos agrarios los encargados de esa decisión.
En este sentido, explicó que la propuesta de reglamento de la Presidencia chipriota debería “incorporar de manera coherente todos los elementos esenciales que articulan la PAC”, lo que contribuiría a mejorar la coherencia, visibilidad y seguridad jurídica del marco, sin afectar la estructura financiera general.
