Líderes locales y regionales defienden la combinación de regulación por edad y responsabilidad de las plataformas para garantizar la seguridad digital de menores

El Comité Europeo de las Regiones adoptó por unanimidad un informe que, si bien apoya los sistemas de verificación de edad como una solución eficaz, siempre que sean “proporcionados, respeten plenamente la privacidad y no excluyan a los grupos vulnerables”, destaca que las plataformas deben adoptar un enfoque de “seguridad desde el diseño” adaptado a los menores, eliminando prácticas engañosas como la reproducción automática infinita, las notificaciones manipuladoras y los bucles de recompensa. El informe, redactado por Heike Raab, Secretaria de Estado del Gobierno de Renania-Palatinado y ponente de la Comisión SEDEC, advierte que el espacio digital no es suficientemente seguro para los niños y jóvenes, y que la responsabilidad de garantizar esta seguridad debe recaer en las plataformas y en los reguladores, no en los propios menores. Según Raab, “las tecnologías digitales están transformando nuestras vidas, incluidas las de nuestros hijos”. En ese sentido, indicó que el uso adecuado de los servicios digitales a su edad y una mayor alfabetización mediática “son fundamentales para nuestras ciudades y regiones”. El dictamen reconoce que la digitalización facilita el acceso a la información, la creatividad y la participación transfronteriza, pero advierte sobre riesgos crecientes como la exposición a la incitación al odio, el ciberacoso, la desinformación, así como los riesgos asociados a los deepfakes y a chatbots de inteligencia artificial generativa. Las ciudades y regiones consideran que ciertos elementos del diseño de las plataformas contribuyen directamente a estos riesgos, señalando los algoritmos de recomendación opacos y los mecanismos que promueven interacciones adictivas. Por ello, el dictamen solicita prohibir o limitar prácticas que fomenten la adicción, como las “cajas de botín” en videojuegos, y exige transparencia en los mecanismos de diseño que promuevan el uso compulsivo. El Comité también alerta sobre un desequilibrio en la responsabilidad legal de las plataformas, dominadas por un reducido número de proveedores internacionales con un régimen de responsabilidad preferencial, y rechaza que la responsabilidad recaiga en los menores. Un enfoque de “seguridad desde el diseño” Los miembros del Comité descartan prohibiciones generalizadas de redes sociales, por considerar que restringirían derechos de acceso a información, privacidad y participación. La regulación por edad y la responsabilidad de las plataformas se plantean de manera complementaria, y se propone una edad mínima de 14 años para determinados servicios de redes sociales, junto con normas de diseño aplicables a menores de hasta 16 años. Los miembros del Comité resaltan la importancia de aplicar coherentemente instrumentos como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSMA) y la Ley de Servicios Digitales (LSD), incluyendo evaluaciones obligatorias de impacto en los derechos del niño para todos los servicios digitales y la clarificación de la primacía de la DSMA sobre la LSD en el contenido multimedia. Así, apoyan sistemas de verificación de edad “proporcionados, respetuosos de la privacidad y sin excluir a grupos vulnerables”, así como la regulación de influencers y un enfoque de “seguridad desde el diseño” adaptado a menores, eliminando prácticas como reproducción automática infinita, notificaciones manipuladoras o bucles de recompensa. El dictamen resalta el papel de las autoridades locales y regionales en la alfabetización mediática, considerando que las desigualdades territoriales en conectividad y acceso a servicios de apoyo pueden aumentar los riesgos. Se subraya la necesidad de concienciar a los menores sobre oportunidades y riesgos digitales, y de reforzar las directrices para docentes frente a la desinformación.

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