La UE está mejor preparada para afrontar los retos del Estado de Derecho

La Comisión público hoy su quinto informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que se examina de forma sistemática y objetiva la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros por igual. En cuanto a España, Bruselas ve avances en la reforma del CGPJ en España y sigue estudiando la ley de amnistía. Según informó hoy la Comisión, en comparación con la primera edición del informe sobre el Estado de Derecho, adoptado en 2020, los Estados miembros y la UE en su conjunto están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes. Esto contribuye a la resiliencia de nuestras democracias europeas y a la confianza mutua en la UE. También contribuye al buen funcionamiento del mercado único y favorece un entorno empresarial que fomenta la competitividad y el crecimiento sostenible.

Desde su primera publicación en 2020, el informe se ha convertido en un auténtico motor de reformas positivas: dos tercios (68%) de las recomendaciones emitidas en 2023 se han abordado, total o parcialmente. Sin embargo, en algunos Estados miembros siguen existiendo preocupaciones sistemáticas y la situación se ha deteriorado aún más. Estas preocupaciones se abordan en las recomendaciones del informe de este año. En este informe no se incluyen recomendaciones para los países candidatos a la ampliación, ya que las recomendaciones para estos países se emiten exclusivamente en el contexto del paquete anual de ampliación.

El informe de este año incluye, por primera vez, cuatro capítulos sobre la evolución de Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia . La inclusión de estos países en el Informe sobre el Estado de Derecho, los más avanzados en el proceso, respaldará sus esfuerzos de reforma, ayudará a las autoridades a seguir avanzando en el proceso de adhesión y les permitirá prepararse para seguir trabajando en el ámbito del Estado de Derecho como futuro Estado miembro.

Según una encuesta especial del Eurobarómetro publicada hoy, más de 7 de cada 10 ciudadanos de la UE coinciden en que la UE desempeña un papel importante a la hora de contribuir a la defensa del Estado de Derecho en su país. Cerca de 9 de cada 10 ciudadanos de la UE consideran importante que todos los Estados miembros respeten los valores fundamentales de la UE, una opinión que se mantiene estable desde 2019. Además, la sensación de estar informados sobre los valores fundamentales de la UE ha mejorado significativamente en muchos países: en general, el 51 % de los ciudadanos de la UE se sienten bien informados sobre los valores fundamentales de la UE y el Estado de Derecho, en comparación con el 43 % en 2019.

Como cada año, el informe de 2024 incluye una Comunicación que examina la situación en la UE en su conjunto y 27 capítulos nacionales que analizan la evolución significativa de cada Estado miembro. El informe incluye también una evaluación de las recomendaciones del año pasado y, sobre esa base, formula, una vez más, recomendaciones específicas dirigidas a todos los Estados miembros.

El informe abarca cuatro pilares : los sistemas nacionales de justicia, los marcos anticorrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como otros controles y equilibrios institucionales.

Principales conclusiones y recomendaciones

Reformas de justicia

Las reformas de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año, y muchos Estados miembros han dado seguimiento a las recomendaciones de 2023 y aplicado las reformas acordadas en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Varios Estados miembros han iniciado o avanzado en importantes reformas para reforzar la independencia judicial . Han emprendido iniciativas legislativas para reforzar la independencia y la eficacia de los Consejos de la Judicatura, mejorar los procedimientos de nombramiento de jueces, incluso en lo que respecta a sus tribunales superiores, o reforzar la autonomía de las fiscalías. Al mismo tiempo, persisten algunas preocupaciones sistémicas en relación con la independencia judicial y se han observado casos específicos de deterioro . Los Estados miembros también han introducido medidas para mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, así como para facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, en varios Estados miembros, la remuneración de los jueces y fiscales es un motivo de preocupación y ha dado lugar a dificultades para contratar personal judicial cualificado.

Por consiguiente, el informe de este año recomienda a los Estados miembros que aborden desafíos como la necesidad de salvaguardias en los procedimientos de nombramiento judicial, tanto para los jueces de los tribunales de instancia inferior como para los de los puestos de alto nivel, la autonomía del ministerio fiscal o la necesidad de proporcionar recursos adecuados al poder judicial, incluso en lo que respecta a los salarios.

En los países de la ampliación se han llevado a cabo importantes reformas , incluso a nivel constitucional, para reforzar la independencia judicial y la calidad de los sistemas de justicia. Sin embargo, es necesario seguir trabajando, en particular en ámbitos relacionados con el funcionamiento de los órganos autónomos del poder judicial y en materia de nombramientos judiciales.

Marcos anticorrupción

La corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos y las empresas de la UE, según los resultados de la encuesta especial y flash del Eurobarómetro 2024 sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas hacia la corrupción en la UE.

Los resultados del Eurobarómetro especial muestran que los europeos siguen preocupados por los esfuerzos de los gobiernos nacionales para luchar contra la corrupción: el 65 % de los ciudadanos cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen lo suficiente, y solo el 30 % piensa que los esfuerzos de los gobiernos para combatir la corrupción son eficaces. Del mismo modo, el 51 % de las empresas con sede en la UE cree que las personas o empresas que participan en prácticas corruptas son detenidas o denunciadas ante las autoridades. De estas empresas, alrededor de tres cuartas partes creen que los vínculos demasiado estrechos entre las empresas y la política conducen a la corrupción (79 %) y que el favoritismo y la corrupción socavan la competencia empresarial (74 %). En toda la UE, una media del 68 % de los ciudadanos y el 64 % de las empresas con sede en la UE consideran que la corrupción está muy extendida en sus Estados miembros.

Desde el año pasado, los Estados miembros han mejorado su marco institucional para luchar mejor contra la corrupción , en particular aumentando los recursos destinados a la capacidad de los servicios de seguridad pública, las autoridades judiciales y el poder judicial. Al mismo tiempo, es necesario adoptar más medidas para reforzar los marcos preventivos , como los que regulan la actividad de los grupos de presión y los conflictos de intereses y las normas de declaración de bienes, así como para garantizar la investigación y el enjuiciamiento eficaces de los casos de corrupción. Esto se refleja en las recomendaciones de este año.

En los países de la ampliación se reforzaron los mecanismos jurídicos e institucionales, aunque es necesario fortalecer aún más la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción.

Libertad de prensa y pluralismo

Desde el último Informe sobre el Estado de Derecho, varios Estados miembros han adoptado medidas concretas para mejorar la seguridad y el entorno de trabajo de los periodistas , también a la luz de iniciativas de la Comisión como la Ley Europea de Libertad de Prensa (EMFA) , ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2025, la Directiva y recomendación «Anti-SLAPP» y la Recomendación sobre la seguridad de los periodistas .

Además, las tareas y competencias de varios reguladores nacionales de los medios de comunicación se han ampliado y extendido, también debido a la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales de la UE, así como al nuevo establecimiento o ampliación de registros de propiedad en línea.

Sin embargo, en varios Estados miembros persisten preocupaciones en lo que respecta a la gobernanza independiente o la estabilidad financiera de los medios de comunicación de servicio público, la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación , el derecho de acceso a los documentos públicos y la asignación transparente y justa de la publicidad estatal . La Comisión ha vuelto a emitir varias recomendaciones sobre todos estos ámbitos, incluida también la seguridad de los periodistas.

Existen desafíos en los países de la ampliación, en particular en lo que respecta a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la independencia de los reguladores o los medios de servicio público y la seguridad de los periodistas, aunque también se han llevado a cabo reformas en algunos de ellos para abordar algunas de estas cuestiones.

Controles y contrapesos institucionales

Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos legislativos y haciendo participar a las partes interesadas en ellos, una tendencia que también se observó en los anteriores informes sobre el estado de derecho. Algunos Estados miembros reforzaron el estatuto y los recursos de las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes. En varios Estados miembros también han continuado las iniciativas para reforzar el marco y la financiación de la sociedad civil.

Sin embargo, en varios Estados miembros siguen existiendo problemas, como el uso excesivo de procedimientos acelerados o la calidad general de la elaboración de leyes , así como en la consulta a las partes interesadas . La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se enfrentan cada vez más a desafíos, restricciones jurídicas y ataques, incluidas restricciones sistémicas a sus operaciones en determinados Estados miembros. Se trata de una tendencia preocupante que ya se señaló en el informe anterior.

Para abordar las cuestiones identificadas, la Comisión ha emitido recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del proceso legislativo, el establecimiento y funcionamiento de autoridades independientes y el entorno propicio para la sociedad civil.

En los países de la ampliación , siguen existiendo problemas en lo que respecta al seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Defensor del Pueblo y otros órganos independientes. También se observan problemas en relación con la calidad de la elaboración de leyes y las consultas con las partes interesadas.

La recién reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afimado en su red social X que "los informes sobre el Estado de derecho muestran que se han abordado dos tercios de las recomendaciones del año pasado. Estos informes, una innovación de este mandato, han ayudado a fortalecer el Estado de derecho en Europa. Seguiremos poniendo el Estado de derecho y la defensa de la democracia en el centro de nuestro trabajo".