La Comisión Europea ha anunciado que, en 2026, proporcionará un total de 123,3 millones de euros en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe destinada a asistir a las personas más vulnerables en la región y a fortalecer la preparación y respuesta ante desastres naturales.
En 2025 se identificó que 15,6 millones de personas en América Latina y el Caribe necesitaban asistencia humanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario explicó que, debido a los severos recortes presupuestarios globales, el objetivo revisado para 2026, presentado por las Naciones Unidas, prevé reducir esta cifra a la mitad, lo que dejaría a millones de personas sin acceso a ayuda vital.
Parte de los fondos serán destinados a diferentes países y regiones de América Latina y el Caribe. Un total de 52 millones de euros se destinarán a la población venezolana y a las comunidades que la acogen. En Colombia, se asignarán 17 millones de euros para apoyar a las personas afectadas por el conflicto armado y a los desplazados en las zonas fronterizas. Para Sudamérica, se destinarán más de 16,3 millones de euros para reforzar la preparación ante desastres y la respuesta a crisis humanitarias.
En el Caribe, 23 millones de euros se utilizarán para abordar el impacto humanitario de la violencia armada en Haití, ayudando a las personas afectadas a satisfacer sus necesidades más urgentes.
Se asignarán 4 millones de euros adicionales para el resto del Caribe, con especial atención a la situación humanitaria en Cuba, la República Dominicana y en los países que acogen a refugiados y solicitantes de asilo. 11 millones de euros se destinarán a las personas vulnerables en Centroamérica y México, afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria.
América Latina y el Caribe, advirtió Bruselas, enfrentan diversas crisis humanitarias impulsadas por factores como los conflictos armados, la violencia generalizada, la inestabilidad política, los desplazamientos forzados, las crisis socioeconómicas y los riesgos ambientales.
Según estimaciones de la Comisión, actualmente más de 21 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en la región, con acceso limitado a servicios esenciales como atención médica y educación. La inseguridad alimentaria sigue aumentando, mientras que las operaciones humanitarias se ven limitadas por la escasez de financiación global.
La región también es especialmente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, con casi tres cuartas partes de su población viviendo en zonas de alto riesgo. Estos desastres naturales generan una fragilidad cíclica, lo que aumenta las necesidades humanitarias, ya que las comunidades afectadas se ven obligadas a huir de sus hogares.
