La UE acuerda obligar a empresas a proteger medio ambiente y DDHH

El Consejo y el Parlamento Europeo han llegado hoy a un acuerdo provisional sobre la Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD), cuyo objetivo es mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y a nivel mundial La Directiva sobre diligencia debida establece normas sobre las obligaciones de las grandes empresas en relación con los impactos adversos reales y potenciales sobre el medio ambiente y los derechos humanos para su cadena de actividades comerciales, que cubre a los socios comerciales iniciales de la empresa y parcialmente a las actividades posteriores, como la distribución o el reciclaje. También establece normas sobre sanciones y responsabilidad civil por el incumplimiento de dichas obligaciones; Requiere que las empresas adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el acuerdo de París sobre el cambio climático. El acuerdo alcanzado entre los dos colegisladores enmarca el ámbito de aplicación de la directiva, aclara las responsabilidades de las empresas que no la cumplan, define mejor las diferentes sanciones y completa la lista de derechos y prohibiciones que las empresas deben respetar. El acuerdo fija el ámbito de aplicación de la directiva a las grandes empresas que tengan más de 500 empleados y una facturación mundial neta de 150 millones de euros. Para las empresas no pertenecientes a la UE, se aplicará si tienen una facturación neta de 300 millones de euros generada en la UE, tres años después de la entrada en vigor de la directiva. La Comisión tendrá que publicar una lista de empresas de fuera de la UE que entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva. Por otro lado, el sector financiero quedará temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, pero habrá una cláusula de revisión para una posible inclusión futura de este sector basada en una evaluación de impacto suficiente. CAMBIO CLIMÁTICO El compromiso alcanzado refuerza las disposiciones relativas a la obligación de medios para que las grandes empresas adopten y pongan en práctica un plan de transición para la mitigación del cambio climático. En materia de responsabilidad civil, el acuerdo refuerza el acceso a la justicia de las personas afectadas. Establece un período de cinco años para presentar reclamaciones por parte de aquellos afectados por impactos adversos (incluidos los sindicatos u organizaciones de la sociedad civil). También limita la divulgación de pruebas, medidas cautelares y el costo del procedimiento para los demandantes. Como último recurso, las empresas que identifiquen impactos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos por parte de algunos de sus socios comerciales tendrán que poner fin a esas relaciones comerciales cuando estos impactos no puedan prevenirse ni ponerse fin. PENALIZACIONES Para las empresas que no pagan las multas que se les imponen en caso de infracción de la directiva, el acuerdo provisional incluye varias medidas cautelares y tiene en cuenta el volumen de negocios de la empresa para imponer sanciones pecuniarias (es decir, un mínimo máximo del 5% del volumen de negocios neto de la empresa). El acuerdo incluye la obligación de que las empresas lleven a cabo un compromiso significativo, incluido un diálogo y consulta con las partes interesadas afectadas, como una de las medidas del proceso de diligencia debida. El acuerdo establece que el cumplimiento del CSDDD podría calificarse como criterio para la adjudicación de contratos y concesiones públicas. El acuerdo provisional aclara las obligaciones de las empresas descritas en el Anexo I, una lista de derechos y prohibiciones específicos que constituye un impacto adverso sobre los derechos humanos cuando se abusa o se viola. La lista hace referencia a instrumentos internacionales que han sido ratificados por todos los estados miembros y que establecen estándares suficientemente claros que pueden ser observados por las empresas. El compromiso añade nuevos elementos a las obligaciones e instrumentos enumerados en el anexo en materia de derechos humanos, en particular para los grupos vulnerables y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pueden añadirse a la lista, mediante actos delegados, una vez que hayan sido ratificados. por todos los estados miembros. El acuerdo provisional también introduce en el anexo referencias a otras convenciones de la ONU, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, o la Convención sobre los derechos del niño. Asimismo, el compromiso aclara la naturaleza de los impactos ambientales cubiertos por esta directiva como cualquier degradación ambiental mensurable, como cambios nocivos en el suelo, contaminación del agua o del aire, emisiones nocivas o consumo excesivo de agua u otros impactos en los recursos naturales.

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