El Parlamento dividido entre quienes quieren crear centros de deportaciones y quienes priorizan los derechos humanos

Tras la sugerencia de la presidenta de la Comisión Europea a los jefes de Estado y de Gobierno sobre establecer centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, siguiendo el modelo de Giorgia Meloni, la Eurocámara debatió este miércoles la gestión de retornos. Los grupos de derecha y extrema derecha mostraron su apoyo, pidiendo acelerar los retornos y reforzar las fronteras, mientras otros priorizaron los derechos humanos, rechazando lo que consideraron medidas inhumanas que ceden el control migratorio a terceros países. La gestión de la migración fue uno de los temas clave en la última Cumbre Europea en Bruselas, donde Von der Leyen propuso la creación de estos centros. El ejemplo a seguir sería el acuerdo del gobierno italiano con Albania, en el cual se tramitarían las solicitudes de asilo de migrantes fuera de la UE. Sin embargo, esta propuesta no obtuvo un consenso pleno en el bloque, y las conclusiones de la cumbre no mencionaron explícitamente los centros de deportación, pero instaron a explorar nuevas formas de prevenir la inmigración irregular, respetando el marco legal de la UE y el derecho internacional. Además, se destacó la importancia de garantizar el correcto funcionamiento del espacio Schengen. 🔴 Starting NOW - Opening of today’s #EPlenary session in Strasbourg. First item on the agenda: #EPlenary debate with Commissioner @helenadalli Managing migration in an effective and holistic way through fostering returns Watch LIVE ⤵️https://t.co/NIfChxikh7 pic.twitter.com/3XLfpEXrpj — EP PressService (@EuroParlPress) October 23, 2024 Estas divisiones se volvieron a evidenciar en el debate parlamentario junto a la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, quien enfatizó la necesidad de gestionar la migración de forma eficaz y holística. Dalli explicó que el Pacto de Migración y Asilo es la clave para una mejor gestión migratoria, abarcando la seguridad fronteriza, procesos justos y protección para quienes lo necesiten. También insistió en que el retorno de aquellos sin derecho a quedarse debe realizarse de manera digna, y señaló que la Comisión Europea está trabajando con los Estados miembros para adaptar el pacto a sus necesidades. [caption id="attachment_38382" align="aligncenter" width="539"] Helena Dalli durante el debate[/caption] La comisaria de Igualdad subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, y destacó que la dimensión exterior del pacto, centrada en rutas migratorias y alianzas estratégicas con países de origen y tránsito, es una prioridad. Respecto a los retornos, enfatizó que todavía "existen lagunas" dentro del pacto que deben mejorar, pidiendo un marco común que asegure eficacia y respeto a los derechos humanos. El PPE, el grupo más numeroso en la Eurocámara, respaldó la postura de la Comisión y de Von der Leyen, insistiendo en que Europa debe recuperar el control sobre la gestión migratoria con una política común. Los populares destacaron que solo uno de cada cinco migrantes sin derecho a permanecer es devuelto y pidieron una nueva legislación para unificar las decisiones de retorno en toda Europa, garantizando así una mayor eficacia. En contraste, el S&D expresó preocupación por el riesgo de que la propuesta de Von der Leyen comprometa el Pacto de Migración y Asilo, insistiendo en que la única "carta" que debe respetarse es la Carta de Derechos Humanos de la UE. Los socialistas rechazaron la creación de centros de deportación en terceros países y recordaron que la migración ha sido un motor histórico de desarrollo, criticando las políticas migratorias de extrema derecha y advirtieron que no deben adoptarse medidas que promuevan el odio o la xenofobia. Por su parte, el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa criticó el Pacto de Migración y Asilo, calificándolo de un fracaso en la protección de las fronteras. Destacaron el caso de Hungría, cuyo gobierno fue sancionado con 200 millones de euros por sus restricciones a la ley de asilo, y denunciaron lo que consideraron hipocresía de la Comisión. Argumentaron que los Estados miembros deberían poder desvincularse del pacto, ya que no protege adecuadamente a Europa. El también grupo de extrema derecha ECR abogó por un cambio radical en la política migratoria, enfocándose en detener los flujos antes de que lleguen a Europa. Criticaron la actual gestión, que según ellos ha legalizado indirectamente el tráfico de personas, y pidieron una protección fronteriza más robusta y una mejor infraestructura, además de una política de retornos más responsable. 📢 "What we've witnessed is the legalisation of the criminal activities of smugglers. We need to focus on securing our external borders, funding proper infrastructure, and implementing a responsible return policy." 🗣️ @j_wisniewska MEP in #EPlenary pic.twitter.com/02crzczihT — ECR Group (@ecrgroup) October 23, 2024 Por otro lado, Renew Europe criticó los acuerdos migratorios, como el de Italia y Albania, por no respetar los valores europeos ni garantizar la soberanía de la UE. Defendieron una política migratoria eficaz basada en el control y registro de migrantes en territorio europeo, y destacaron que no se debe esperar más para aplicar las políticas ya aprobadas. Los Verdes también se pronunciaron en contra de la propuesta de Von der Leyen. Criticaron que, mientras los Estados miembros se quejan de la llegada de inmigrantes, permanecen en silencio ante las solicitudes de readmisión. Denunciaron la ineficiencia burocrática en la devolución de migrantes y advirtieron que los centros de retorno en terceros países podrían convertir a las personas en detenidos sin derechos. Instaron a la Comisión a no facilitar estas prácticas y a garantizar una cooperación efectiva con los países de origen. Por su parte, La Izquierda condenó la propuesta de crear centros de deportación, calificándolos de "campos de concentración para seres humanos". Consideraron que la medida es una barbaridad y que von der Leyen ha cruzado una línea roja para obtener votos. También denunciaron el acuerdo entre Italia y Albania, argumentando que viola tanto el derecho de asilo como el derecho internacional, y pidieron que se aplique el derecho internacional y los valores europeos para una gestión migratoria eficaz.

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