Europa se juega mucho más que un presupuesto en investigación y educación

Asela Pintado Europa lleva años hablando de autonomía estratégica, competitividad y soberanía tecnológica. Pero pocas veces se dice con claridad algo bastante más incómodo: nada de eso es posible si la Unión Europea no se decide a invertir, de verdad, en conocimiento. La declaración conjunta firmada esta semana por las principales conferencias de rectores europeas —entre ellas la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas— llega en un momento delicado para el proyecto europeo. No es una reivindicación corporativa del mundo universitario. Es, sobre todo, una advertencia política: Europa corre el riesgo de perder relevancia global si debilita sus sistemas de investigación, educación e innovación. Y no es la única señal en esa dirección. El pasado 6 de mayo, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) aprobó por unanimidad dos dictámenes que reclaman exactamente lo mismo desde el otro vértice institucional: blindar Erasmus+ y el nuevo programa AgoraEU dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, sin recortes ni reasignaciones procedentes de la política de cohesión, y con una participación efectiva de las autoridades locales y regionales en su diseño y gobernanza. Cuando rectores y regiones convergen en el mismo mensaje, deja de ser ruido corporativo y empieza a ser un aviso político en serio. Conocimiento como activo estratégico El contexto pesa. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, la presión sobre las cadenas de suministro, la dependencia energética, el avance de la inteligencia artificial o el retroceso democrático en distintas partes del mundo han convertido el conocimiento en un activo estratégico. Ya no se trata solo de publicar más artículos científicos o de aumentar el número de estudiantes Erasmus. Se trata de influencia, de seguridad económica y, en última instancia, de poder. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lleva meses insistiendo en que Europa debe "tomar el control" de su futuro económico y geopolítico. Pero esa autonomía no se construye solo con defensa o política industrial. Se construye también en laboratorios, universidades y centros tecnológicos. Y ahí Europa tiene un problema estructural. Mientras Estados Unidos y China aceleran inversiones masivas en innovación, la UE sigue atrapada en debates presupuestarios que reducen la investigación y la educación a partidas secundarias. Los datos son conocidos: Europa produce ciencia de enorme calidad, pero le cuesta traducir ese conocimiento en liderazgo industrial, empresarial y tecnológico. Por eso la petición de los rectores de destinar 220.000 millones de euros al futuro programa marco de investigación FP10 y 60.000 millones a Erasmus+ no debería leerse como una cifra desorbitada, sino como una decisión estratégica sobre el lugar que Europa quiere ocupar en el mundo. "La inteligencia artificial puede generar contenidos a escala industrial y analizar datos en milisegundos, pero no puede juzgar ni comprometerse con la verdad. Por eso la inversión en investigación universitaria no es un gasto cultural: es la condición para que Europa decida qué tecnologías construye y bajo qué reglas", advierte Abraham Duarte - catedrático de Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial- rector de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la alianza europea EULIST. Libertad académica y cooperación, también en juego El debate no es solo económico. La declaración de los rectores pone el foco en algo que empieza a preocupar seriamente en Bruselas: la erosión de la libertad académica y la polarización política. La universidad europea ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, cooperación internacional y circulación libre de conocimiento. Hoy esos principios están tensionados por discursos cada vez más polarizados, restricciones a la investigación en algunos Estados y una creciente instrumentalización política del conocimiento. No es casualidad que las universidades europeas reivindiquen ahora la necesidad de proteger la cooperación internacional y la movilidad académica. En un contexto global marcado por dinámicas de repliegue nacional, Europa necesita preservar uno de sus grandes activos diferenciales: la capacidad de cooperar. En ese terreno, Erasmus+ es mucho más que un programa de movilidad estudiantil. Probablemente sea una de las políticas europeas con mayor impacto real sobre la construcción de ciudadanía europea: millones de jóvenes han entendido Europa gracias a una experiencia universitaria compartida. Reducir el programa o limitar su alcance sería un error político de gran calado. El dictamen del CdR añade aquí un matiz importante. El texto, del que ha sido ponente el alcalde italiano Roberto Pella, exige que Erasmus+ funcione como un genuino "ascensor social" y no como un programa reservado a quienes ya parten con ventaja. Pide ampliar el acceso a estudiantes con menos oportunidades, a jóvenes de zonas desfavorecidas y a territorios con desafíos estructurales —despoblación, declive demográfico o lejanía geográfica—, además de reforzar el peso de la Formación Profesional en los flujos de movilidad. Es decir: no basta con mantener el presupuesto; hay que decidir también a quién llega. Alianzas universitarias: la Europa que ya funciona Las universidades atribuyen un papel central a las futuras alianzas universitarias europeas. Bruselas lleva años impulsando estas redes transnacionales como ecosistemas compartidos de conocimiento, innovación y formación. En muchos casos ya funcionan como pequeños laboratorios de integración europea real, mucho más tangibles para los ciudadanos que muchos discursos institucionales. Quienes participan en ellas lo describen en términos parecidos. "Las alianzas universitarias europeas no son una etiqueta, son ya un ecosistema. En EULIST trabajamos diez universidades de nueve países construyendo titulaciones conjuntas, movilidad y proyectos de investigación que serían imposibles desde la lógica estrictamente nacional. Eso es Europa funcionando: no en los discursos, sino en las aulas y en los laboratorios", explica Duarte. El ejemplo no es teórico. Aquí conecta otra de las exigencias del CdR: prestar atención especial a la participación de instituciones de regiones poco representadas en estas alianzas. Porque el mapa actual es desigual y refleja brechas estructurales que el próximo Erasmus+ puede agravar o corregir, según cómo se diseñe. La oportunidad española España tiene en este escenario una oportunidad evidente. Las universidades españolas participan activamente en las alianzas, cuentan con creciente proyección internacional y pueden jugar un papel relevante en la conexión entre Europa y América Latina. Pero hará falta también un compromiso interno sostenido con la financiación, la atracción de talento y la estabilidad investigadora. El argumento, desde una universidad miembro de EULIST y con fuerte vocación atlántica, se formula sin rodeos: "España ocupa una posición única: estamos dentro de Europa y, al mismo tiempo, somos puente natural con más de seiscientos millones de hispanohablantes. Si las universidades europeas y latinoamericanas trabajamos juntas, no competimos con nadie: estamos construyendo el mayor espacio cultural y científico común del mundo. Pero eso no se sostiene con declaraciones; se sostiene con financiación y con estabilidad investigadora", sostiene el rector de la URJC. A esa ecuación habría que sumar otra pieza que el dictamen del CdR pone sobre la mesa: la articulación con las autoridades locales y regionales. La universidad española aún tiene mucho margen para reforzar su presencia en las alianzas, capturar fondos AgoraEU para proyectos culturales y de ciudadanía vinculados a sus territorios, y construir consorcios con ayuntamientos y comunidades autónomas que casan con el modelo de gobernanza que reclaman ahora las regiones. Una negociación que es política, no técnica La gran paradoja europea es esa: nadie discute el valor estratégico del conocimiento, pero las decisiones presupuestarias siguen sin reflejarlo. Y la convergencia entre la declaración de los rectores y los dictámenes del CdR no es un detalle menor: significa que las dos instituciones que mejor conocen, desde dentro, dónde se juega la cohesión europea —universidades y territorios— están pidiendo lo mismo al mismo tiempo. La próxima negociación del Marco Financiero Plurianual no será solo una discusión técnica sobre fondos europeos. Será, en buena medida, una definición política sobre qué Europa quiere construirse en la próxima década: una Europa capaz de liderar la transformación tecnológica y democrática global, o una Europa resignada a depender de la innovación ajena. Y esa diferencia, hoy, empieza en las universidades y en las regiones.

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