El Comité de las Regiones exige que el nuevo presupuesto migratorio de la UE llegue a Canarias, Ceuta y Melilla

El próximo presupuesto europeo para gestionar la migración se juega, en buena parte, lejos de los despachos comunitarios: en los muelles de La Restinga, en los centros de acogida de Ceuta y Melilla y en las aulas donde un menor recién llegado aprende sus primeras palabras en español. Ese fue el mensaje que el Comité Europeo de las Regiones (CdR) trasladó a Bruselas al fijar su posición sobre el dinero que la Unión reservará al asilo, la migración y la integración entre 2028 y 2034. El dictamen, aprobado en la sesión plenaria del 1 y 2 de julio, sostiene una idea sencilla y a menudo olvidada: esos fondos deben pensarse desde el territorio que recibe a las personas. El Comité Europeo de las Regiones reclama que las autoridades locales y regionales tengan un papel garantizado en la planificación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de los programas financiados con dinero europeo. No es un matiz técnico. En la práctica, quienes pagan la factura de la acogida —vivienda, sanidad, educación, aprendizaje del idioma, formación y empleo— son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, mientras que las grandes decisiones presupuestarias se toman entre capitales y en la propia Bruselas. Un aviso desde el territorio El ponente del dictamen, Arnoldas Abramavičius (Lituania, PPE), concejal del municipio de Zarasai, lo resumió sin rodeos ante el pleno: «El éxito del Pacto sobre Migración y Asilo no se medirá aquí, en Bruselas, sino en nuestros pueblos, barrios y escuelas, donde la integración triunfa o fracasa». El texto del Comité de las Regiones pide que la financiación sea «previsible y accesible» y alerta de un riesgo concreto: que un enfoque demasiado rígido, obsesionado con los resultados a corto plazo, acabe penalizando precisamente a los territorios con menos capacidad administrativa. De ahí que reclame asistencia técnica específica y refuerzo de medios para las regiones que no disponen de la maquinaria de las grandes urbes. El mapa que dibuja el dictamen se parece al español El documento no cita países ni regiones por su nombre, pero enumera las categorías de territorios que sufren «presiones migratorias desproporcionadas»: zonas rurales, de montaña, con minorías, fronterizas y, de forma expresa, regiones costeras, insulares, ultraperiféricas y afectadas por retos demográficos. La descripción encaja casi punto por punto con Canarias —única región ultraperiférica española y puerta atlántica de la UE— y con Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas que comparten frontera terrestre con Marruecos. Para estas administraciones, la letra pequeña del dictamen del Comité de las Regiones tiene consecuencias tangibles. El Archipiélago lleva años reclamando que parte de los fondos europeos de asilo y migración pueda regionalizarse, es decir, gestionarse desde el propio territorio en lugar de repartirse íntegramente a través del Estado. Es la misma tesis que las regiones ultraperiféricas de España, Portugal y Francia defendieron de forma conjunta ante el próximo marco financiero, con el respaldo del Gobierno central a través del ministro Ángel Víctor Torres. El temor a quedar como simples ejecutores Detrás de la posición del Comité de las Regiones late una inquietud de fondo sobre cómo quiere la Comisión Europea organizar su presupuesto a partir de 2028. El plan es agrupar en un único gran fondo partidas hoy separadas —agricultura, desarrollo regional, migración— y repartirlas a los Estados con arreglo a unos Planes de Asociación Nacionales y Regionales. Regiones y ciudades temen que ese giro las convierta, de socias en el diseño de las políticas, en meras ejecutoras de decisiones tomadas por encima de ellas. El Comité de las Regiones pide por eso que esos planes incluyan dotaciones y disposiciones específicas para asilo, migración e integración, y que respeten el principio de asociación y la gobernanza multinivel que la UE dice defender. En cifras, el dictamen recuerda que la Comisión propone elevar el dinero dedicado a migración desde los 9.900 millones de euros del actual Fondo de Asilo, Migración e Integración (2021-2027) hasta unos 12.000 millones en el periodo 2028-2034. La pelea, ahora, es sobre quién decide en qué se gasta. España, con voz reforzada en la asamblea La posición llega en un momento en que la delegación española gana peso dentro del Comité de las Regiones. Desde el 1 de junio, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ocupa una de las vicepresidencias de la institución y coordina a los representantes españoles, un total de veintiún miembros titulares entre comunidades autónomas y entidades locales. El Comité recuerda, además, que su red «Ciudades y Regiones por la Integración de los Migrantes» podría servir de plataforma para trabajar con la Comisión y afinar el reparto sobre el terreno. El dictamen es consultivo y no obliga a nadie, pero fija la voz oficial de las regiones y ciudades europeas en la negociación del presupuesto comunitario, junto al Parlamento y al Consejo. Para Canarias, Ceuta y Melilla, la pregunta de fondo es la de siempre: si el dinero que Europa dice destinar a la migración terminará llegando a quienes abren la puerta cada mañana, o se quedará por el camino.

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