España comenzó ayer sábado a aplicar controles fronterizos temporales a los viajeros procedentes de Italia en puertos y aeropuertos, en respuesta a la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni a retirar las medidas adoptadas previamente sobre las llegadas desde España tras la crisis migratoria de Ceuta. La decisión española, prevista inicialmente hasta el 7 de septiembre, eleva un nuevo escalón la tensión diplomática entre Madrid y Roma y abre una situación inédita entre dos de los principales socios del espacio Schengen.
El Gobierno español comenzó este sábado 8 de agosto a aplicar los controles fronterizos anunciados sobre los viajeros procedentes de Italia, después de que Roma rechazara las peticiones de Madrid para retirar las verificaciones establecidas sobre las llegadas desde España como consecuencia de la crisis migratoria registrada en Ceuta.
Los controles afectan a las conexiones aéreas y marítimas procedentes de territorio italiano y han sido establecidos inicialmente hasta el próximo 7 de septiembre. España e Italia carecen de frontera terrestre común, por lo que la aplicación práctica de la medida se concentra fundamentalmente en aeropuertos y puertos con conexiones entre ambos países.
El Ejecutivo español había advertido al Gobierno de Giorgia Meloni de que adoptaría medidas proporcionales si Italia mantenía sus controles. La falta de acuerdo entre ambos gobiernos terminó llevando a Madrid a aplicar el principio de reciprocidad.
La justificación formal utilizada por España reproduce además parte de los argumentos empleados anteriormente por Italia. El Gobierno español vincula la decisión a la presión migratoria irregular que afecta al país transalpino, introduciendo así un claro componente político en una medida que supone la restauración temporal de controles dentro del espacio europeo de libre circulación.
La decisión afecta en la práctica a los pasajeros que llegan a España desde aeropuertos y puertos italianos, que pueden ser sometidos nuevamente a verificaciones documentales por parte de las autoridades españolas.
Una respuesta directa a las medidas italianas
El enfrentamiento comenzó después de que Italia decidiera introducir controles sobre viajeros procedentes de España tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.
El Gobierno de Meloni justificó su decisión por el riesgo de que parte de las personas que hubieran entrado irregularmente en territorio español pudieran desplazarse posteriormente hacia Italia aprovechando la libertad de circulación dentro del espacio Schengen.
Madrid rechazó desde el primer momento esa interpretación y consideró que las medidas italianas carecían de proporcionalidad respecto a la situación realmente existente.
El Gobierno español sostuvo además que la crisis de Ceuta estaba siendo gestionada por las autoridades españolas y que una parte importante de las personas implicadas en las entradas irregulares había regresado a territorio marroquí, por lo que no existía una amenaza que justificara controles específicos sobre las conexiones procedentes de España.
Las autoridades españolas reclamaron entonces a Roma que reconsiderara su decisión.
La negativa italiana a levantar los controles provocó un rápido deterioro de la situación diplomática. Madrid anunció que, si no se producía una rectificación, respondería mediante medidas equivalentes.
La advertencia terminó materializándose este sábado.
España ha pasado así de protestar diplomáticamente contra los controles italianos a aplicar sus propias verificaciones sobre los viajeros procedentes de Italia.
La medida transforma considerablemente la naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como una decisión unilateral italiana vinculada formalmente a una crisis migratoria se ha convertido en un sistema de controles recíprocos entre dos Estados miembros de la Unión Europea.
Schengen ante una nueva situación de tensión
El enfrentamiento tiene también una importante dimensión europea.
El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer temporalmente controles en sus fronteras interiores cuando existen amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, aunque las medidas deben responder a criterios de necesidad y proporcionalidad y mantenerse durante el periodo estrictamente necesario.
Los controles interiores no son completamente excepcionales en la Europa actual. Diferentes Estados miembros los han utilizado durante los últimos años ante amenazas terroristas, grandes acontecimientos internacionales, presión migratoria o riesgos relacionados con movimientos secundarios.
La Comisión Europea ha mostrado reiteradamente su preocupación por la prolongación de algunas de estas medidas y ha defendido la utilización de alternativas que permitan preservar la libre circulación.
La particularidad del enfrentamiento entre España e Italia reside en el componente de reciprocidad que ha adquirido.
Madrid no oculta que la introducción de sus controles responde directamente a la negativa italiana a eliminar los previamente establecidos. La decisión introduce así en el debate sobre Schengen una dimensión diplomática especialmente delicada: la posibilidad de que una medida adoptada por un Estado miembro genere otra equivalente por parte del país afectado.
La situación adquiere mayor relevancia porque España e Italia son dos de los principales países del espacio Schengen y mantienen intensísimas conexiones turísticas, económicas y empresariales.
Miles de pasajeros viajan diariamente entre ambos países durante el verano, uno de los periodos de mayor movilidad turística del año.
Los controles no significan el cierre de las conexiones ni impiden a los ciudadanos europeos desplazarse entre España e Italia, pero sí recuperan verificaciones fronterizas que normalmente no forman parte de los viajes dentro de Schengen.
La crisis plantea ahora a Bruselas el desafío de impedir que el enfrentamiento bilateral termine consolidando un precedente que facilite nuevas medidas recíprocas entre Estados miembros.
La crisis de Ceuta alcanza las relaciones entre Madrid y Roma
La entrada en vigor de los controles españoles confirma también el rápido deterioro de las relaciones entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.
España e Italia mantienen importantes intereses comunes dentro de la Unión Europea. Son dos grandes economías mediterráneas, soportan una parte considerable de la presión migratoria procedente de África y han reclamado tradicionalmente una mayor solidaridad europea en la gestión de las fronteras exteriores.
Precisamente por ello, el enfrentamiento resulta especialmente significativo.
Roma considera que la crisis de Ceuta puede generar movimientos secundarios hacia otros países europeos y defiende su capacidad para adoptar medidas preventivas. Madrid interpreta los controles italianos como una respuesta desproporcionada que cuestiona indirectamente la capacidad española para gestionar su propia frontera exterior.
A esas diferencias se suma la distancia política existente entre Sánchez y Meloni sobre la inmigración.
El Gobierno italiano ha situado el endurecimiento del control migratorio entre sus grandes prioridades políticas, mientras España ha defendido una estrategia que combina vigilancia fronteriza, cooperación con terceros países, integración y apertura de vías de migración regular.
Hasta ahora, esas diferencias no habían impedido mantener una relación bilateral pragmática.
La crisis de Ceuta ha cambiado el escenario.
Los dos gobiernos se encuentran ahora ante el riesgo de que una disputa inicialmente limitada a los controles fronterizos termine afectando a otros ámbitos de una relación económica y diplomática particularmente intensa.
La duración de las medidas dependerá de la evolución de la situación migratoria y, sobre todo, de la capacidad de Madrid y Roma para encontrar una salida política que permita retirar simultáneamente los controles sin que ninguno de los dos gobiernos aparezca como responsable de haber cedido ante el otro.
La fecha inicialmente fijada por España, el 7 de septiembre, establece un horizonte temporal, pero no garantiza que la crisis vaya a prolongarse hasta entonces. Una solución diplomática podría permitir una retirada anticipada si ambos gobiernos alcanzan un acuerdo.
Por el momento, sin embargo, la escalada se ha materializado.
Desde este sábado, los viajeros que cruzan entre España e Italia vuelven a encontrarse con controles que parecían pertenecientes a otra etapa de la integración europea.
La crisis iniciada en la frontera de Ceuta ha conseguido así atravesar el Mediterráneo y alcanzar directamente uno de los símbolos más visibles de la Unión Europea: la libertad de circulación entre sus Estados miembros.
