El 2 de enero de 2023 entra en vigor la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. En ella se recogen las definiciones, mecanismos de control y sanciones que serán de aplicación en España para adaptarse a la nueva PAC. La Ley requiere el desarrollo de otros 18 decretos legislativos.
En 2018 la Comisión Europea presentó su propuesta de reforma de la Política Agrícola Común para el periodo 2021-2027, basándose en fomentar un sector agrícola resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo, reforzar la protección del medio ambiente y la biodiversidad y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Ahora, se ha aprobado una nueva ley que regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Entre las nuevas normas aprobadas, figura un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que se produzca cualquier pago indebido a los beneficiarios con el fin de facilitar la lucha contra el fraude y proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
También, una serie de novedades relativas al uso sostenible de los productos fitosanitarios y el empleo prudente de los antimicrobianos, lo que implicará modificar diversos aspectos de las leyes nacionales de sanidad vegetal y animal.
Figura, además, una aplicación de penalizaciones y sanciones cuando los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones para acceder a las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional y una reserva permanente de crisis -con un presupuesto anual de 450 millones de euros- para ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado.
El 10% de los pagos directos se destinará a apoyar a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3% del presupuesto de la PAC irá a parar a manos de agricultores jóvenes.
