El Tribunal General establece un procedimiento para excluir a las empresas de contratación pública y concesión de subvenciones

El Tribunal General ha dictado una sentencia en la que señala que para excluir a una empresa de la participación en procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones de la UE, el ordenante debe evaluar de manera concreta e individualizada el comportamiento del operador afectado. En 2009, la Comisión Europea adjudicó un contrato público de modernización de obras a un consorcio formado por dos sociedades, incluida TP. Tras concluir las obras, se detectaron deficiencias significativas, lo que llevó a la Comisión a resolver anticipadamente el contrato y a iniciar un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional. El tribunal arbitral responsabilizó solidariamente al consorcio por los costos de reparación y calificó su conducta de negligencia grave. En octubre de 2022, la Comisión Europea excluyó a TP durante dos años de participar en procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones. Esta decisión se basó en el Reglamento Financiero de 2018, que permite excluir a entidades por incumplimientos graves en sus obligaciones contractuales financiadas con fondos de la Unión. La Comisión justificó la exclusión por la responsabilidad solidaria de TP como parte del consorcio. TP presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar la decisión. Argumentó que no existía un vínculo directo entre el incumplimiento contractual y la exclusión administrativa aplicada por la Comisión. El Tribunal General determinó que no hay una relación automática entre las infracciones contractuales y la adopción de medidas de exclusión por parte de la Comisión. Esta apreciación depende de un análisis individualizado y de la gravedad de las deficiencias observadas.

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