El Sector quiere evitar que se impongan cargas administrativas innecesarias
La Coalición de la Industria Turística Europea, integrada por Asociaciones como ECTAA, Hotrec, ETOA, CLIA o Ruraltour, se muestra contundente ante la actual revisión de la Directiva de Viajes Combinados: las patronales exigen claridad legal, proporcionalidad y un mercado interno armonizado en el texto final que saldrá de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE.
Como punto clave, la coalición apoya la posición del Consejo de eliminar la nueva definición de un paquete compuesto dentro de 24 horas ya que conllevaría disposiciones “imposibles de cumplir e incompatibles” con la obligación existente de la Directiva de proporcionar información precontractual precisa.
Junto a esto, defiende que se elimine cualquier tipo de límite a los anticipos de los consumidores, también en el caso de las limitaciones nacionales. “Aunque podría parecer flexible, en la práctica crearía fragmentación en toda la UE, socavando el mercado interno y aumentando los costes de cumplimiento para los operadores transfronterizos”, señalan.
Respecto a la obligación propuesta sobre el mecanismo de gestión de quejas, el Sector se une a la posición de abstención del Consejo debido a que introduciría “una duplicación innecesaria y complejidad administrativa”, además de que la legislación existente “ya proporciona a los viajeros el derecho a presentar quejas y buscar reparación”.
También se oponen al nuevo régimen de sanciones adicionales. En su opinión, impondría cargas desproporcionadas a los organizadores y otros actores en la cadena de valor turístico, y duplicaría los mecanismos de aplicación ya disponibles bajo la legislación de consumo de la UE.
Claridad y consistencia para impulsar el Sector
En cuanto a las enmiendas propuestas sobre los mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas, la coalición considera que estos sistemas ya están regulados a nivel de la UE, por lo que incluir más obligaciones “sólo crearía confusión y costes adicionales”.
Por otra parte, apoyan al Parlamento y al Consejo en su intención de eliminar la fuerza mayor en el lugar de residencia del viajero como un criterio relevante para permitir cancelaciones gratuitas, aunque reclaman mayor claridad en la responsabilidad del organizador en caso de situaciones de fuerza mayor personal del viajero.
Además, defienden la postura del Consejo sobre que la seguridad financiera que deben proporcionar los organizadores de viajes debe calcularse en función del riesgo real, teniendo en cuenta cualquier cambio en el volumen de paquetes vendidos a lo largo del año, y no imponiendo el nivel más alto de protección también en momentos en que no es necesario.
Por lo que, las patronales reclaman a las instituciones mayor certeza legal, consistencia y proporcionalidad en el nuevo texto que saldrá del trílogo, a la vez que defienden la protección de los viajeros y la competitividad, la innovación y la sostenibilidad dentro de la industria.
