El Parlamento condena la represión de los presos políticos en Venezuela

El PE mostró rechazo ante el encarcelamiento en Venezuela de cientos de presos políticos, ocurrido el pasado jueves. Debido a las inhumanas condiciones a las que están sometidos, la UE ha decidido imponer nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. El pasado miércoles se aprobó una resolución que denuncia la detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, que supuestamente conspiro contra el régimen de Maduro y se encuentra recluida en la cárcel de El Helicoide , que destaca torturar a sus presidiarios y varios abusos más a los derechos humanos. También destaca el caso del general Hernández Da Costa, prisionero desde 2018, al que se le ha denegado el tratamiento médico que necesita. En la prisión también se encuentran varios miembros del bando opositor: María Corina Machado –Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brandt.

La Eurocámara solicita la liberación inmediata de todos los presos políticos y denuncia que “el régimen debe poner fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición”, recalcan. Además, exponen que el resto de prisioneros se encuentran en condiciones inhumanas y que la cárcel está vulnerando las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Plantean a la UE que se deben endurecer las sanciones contra las autoridades venezolanas e incluir a los altos cargos del régimen como el Tribunal Supremo o el incluso el presidente Maduro. Por otro lado, La Corte Penal Internacional deberá condenar las violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que ha cometido el régimen.

Para concluir, el PE plantea el retorno de Venezuela a la era democrática siguiendo la corriente de la líder de la oposición María Corina Machado. También instan a investigar el asesinato de Ronald Ojeda, militar venezolano disidente, que fue secuestrado y asesinado en Chile tras escapar del régimen

Los eurodiputados urgen, por último, a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien, tras huir del régimen e instalarse en Chile, fue secuestrado y asesinado.