El Parlamento aprueba acelerar la tramitación de la propuesta para posponer la aplicación de las normativas de sostenibilidad empresarial

El Parlamento Europeo aprobó el martes, con 427 votos a favor, 221 en contra y 14 abstenciones, acelerar la tramitación de la propuesta legislativa que busca ampliar el tiempo para que las empresas se adapten a ciertas obligaciones en materia de sostenibilidad. Esta iniciativa tiene como objetivo posponer la aplicación de los informes sociales y ambientales, así como las medidas de diligencia debida. Los informes sociales y ambientales obligan a las empresas a proporcionar información pública sobre su impacto en áreas como el medio ambiente, los derechos sociales y humanos, así como los riesgos asociados a estos aspectos. Esta obligación está regulada por la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), que se está implementando de forma progresiva según el tamaño y la naturaleza de las empresas. La propuesta legislativa en discusión busca aplazar por dos años la aplicación de estos informes para las empresas que forman parte de la segunda y tercera oleada, que incluyen grandes empresas no cotizadas y pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa. En cuanto a la diligencia debida en sostenibilidad, se trata de un conjunto de medidas que las grandes empresas deben implementar para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente, tanto en sus propias operaciones como en su cadena de suministro. Esta obligación está regulada por la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). La propuesta contempla un retraso de un año tanto para la obligación de los Estados miembros de incorporar estas normas en su legislación nacional como para la implementación efectiva de las mismas en las empresas más grandes. En conjunto, esta propuesta busca aligerar la carga administrativa de las empresas y otorgarles más tiempo para adaptarse, sin renunciar a los objetivos generales de sostenibilidad de la Unión Europea. La votación definitiva sobre el contenido de la propuesta se llevará a cabo el jueves. Por su parte, el Consejo de la UE, que agrupa a los ministros de los Estados miembros, ya aprobó sin modificaciones la propuesta de la Comisión sobre la aplicación diferida. Si los eurodiputados aprueban el texto el jueves, el proyecto de normas solo necesitaría la aprobación formal del Consejo para entrar en vigor.

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