Los ministros de Interior de la Unión Europea celebrarán el próximo martes una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar la crisis migratoria registrada en Ceuta, en una convocatoria impulsada por la Presidencia irlandesa del Consejo tras la petición formal de 22 Estados miembros. El encuentro pretende evaluar la dimensión política y operativa de la mayor entrada irregular registrada en la ciudad autónoma en los últimos años, coordinar una respuesta común y evitar que el episodio se traduzca en una nueva fractura entre los socios europeos sobre la gestión de las fronteras exteriores.
La reunión llega después de varios días de intensos contactos diplomáticos entre Bruselas y las capitales europeas, en un clima de creciente tensión política. España ha reclamado el respaldo de las instituciones comunitarias al considerar que la presión sufrida por Ceuta constituye un desafío a una frontera exterior de la Unión y, por tanto, al conjunto del espacio Schengen. Sin embargo, varios gobiernos consideran que la crisis obliga también a revisar determinados aspectos de la política migratoria española y a reforzar los mecanismos europeos de control fronterizo.
El detonante político de la convocatoria ha sido una carta suscrita por 22 Estados miembros, encabezados por Italia, en la que manifiestan su «profunda preocupación» por los acontecimientos registrados en Ceuta y reclaman una respuesta «inmediata, firme y coordinada» por parte de la Unión Europea. En la misiva, los firmantes recuerdan que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros y solicitan un refuerzo urgente de Frontex, una mayor eficacia de los mecanismos de retorno y una cooperación más estrecha con Marruecos para impedir nuevas salidas irregulares.
La carta advierte además de que cualquier percepción de debilidad en la protección de las fronteras europeas puede convertirse en un incentivo para nuevas llegadas masivas y afectar a la credibilidad del futuro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Los gobiernos firmantes sostienen igualmente que la respuesta europea debe ser rápida para evitar que las redes de tráfico de personas aprovechen la situación y organicen nuevos movimientos hacia territorio comunitario.
Italia ha asumido el liderazgo del bloque de países que defienden una posición más contundente. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha reclamado una actuación «sin ambigüedades» por parte de la Unión para proteger sus fronteras exteriores y ha defendido que la crisis de Ceuta demuestra la necesidad de endurecer la política migratoria europea. Roma considera prioritario reforzar los controles fronterizos, acelerar los procedimientos de devolución de inmigrantes en situación irregular e incrementar la capacidad operativa de Frontex, al tiempo que ha defendido la posibilidad de adoptar medidas excepcionales previstas en el Código de Fronteras Schengen cuando existan riesgos para la seguridad o para el funcionamiento del espacio europeo de libre circulación.
Frente a estas posiciones, el Gobierno español insiste en que la situación quedó bajo control en pocas horas gracias al despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la cooperación con las autoridades marroquíes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido contactos con los principales responsables de las instituciones comunitarias para solicitar una respuesta de solidaridad europea y recordar que Ceuta representa una frontera exterior cuya protección beneficia al conjunto de la Unión.
La Comisión Europea ha seguido la evolución de la crisis en contacto permanente con Madrid y Rabat. Aunque Bruselas ha evitado entrar en la controversia política abierta entre los Estados miembros, sí ha reiterado que la defensa de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida y que la respuesta debe combinar el control efectivo de las entradas irregulares con el respeto al Derecho europeo y a las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional.
Diversas fuentes comunitarias consideran que el Consejo extraordinario servirá para medir el grado de cohesión política de los Veintisiete en uno de los asuntos más sensibles de la agenda europea. La aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la futura estrategia europea de retornos y el refuerzo de Frontex constituyen actualmente algunos de los principales expedientes abiertos en materia de Interior, y la crisis de Ceuta amenaza con acelerar el debate sobre su puesta en marcha.
Entre los países que respaldan plenamente la posición española figuran Francia, Irlanda, Portugal y otros Estados que consideran prioritario evitar una confrontación política entre socios y preservar la unidad europea frente a la presión migratoria. Estas capitales defienden que la cooperación con Marruecos sigue siendo un elemento esencial para la estabilidad del Mediterráneo occidental y advierten de que cualquier división interna podría debilitar la posición negociadora de la Unión con los países de origen y tránsito.
Aunque el Consejo extraordinario no adoptará previsiblemente decisiones legislativas, sí se espera una declaración política conjunta que reafirme el compromiso de los Veintisiete con la protección de las fronteras exteriores, la solidaridad con España y el fortalecimiento de la cooperación europea en materia migratoria. La reunión del martes se perfila así como una de las citas más relevantes del año para la política de Interior de la Unión y como una prueba de la capacidad de los Estados miembros para ofrecer una respuesta común ante una crisis que ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre solidaridad, responsabilidad y control de las fronteras exteriores.