El Acuerdo de Comercio Digital entre la UE y Singapur entra en vigor para facilitar transacciones electrónicas seguras

El Acuerdo de Comercio Digital (ADC) entre la Unión Europea (UE) y Singapur entró en vigor el domingo 1 de febrero, estableciendo normas claras y transparentes con el objetivo de facilitar y hacer más predecibles y confiables las transacciones digitales transfronterizas tanto para empresas como para consumidores. Las negociaciones para el ADC, que se basa en el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Singapur firmado en 2019, comenzaron en julio de 2023. En un contexto de creciente incertidumbre económica global, la Comisión Europea destacó que este acuerdo "refuerza el compromiso compartido con un comercio abierto y basado en normas". Este es el primer acuerdo bilateral independiente de comercio digital de la UE, lo que representa un avance significativo dentro de la red de acuerdos comerciales digitales y capítulos sobre comercio digital incluidos en los acuerdos de libre comercio de la UE. El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, subrayó que el comercio digital "es clave para el comercio mundial y un importante motor de crecimiento económico". Además, resaltó que la UE es un líder mundial en este campo y que el Acuerdo de Comercio Digital con Singapur alinea la cooperación de ambas partes con las demandas del comercio moderno. El acuerdo tiene como objetivo facilitar un comercio digital fluido, seguro y eficiente. En este sentido, incluye compromisos vinculantes en áreas como la protección del consumidor en línea, la protección de datos personales, la privacidad y la prevención de mensajes comerciales no solicitados. Estas medidas buscan crear un entorno en línea seguro para los consumidores. Asimismo, el ADC proporciona mayor seguridad jurídica a las empresas al promover el comercio sin papel, garantizar la validez de las firmas electrónicas, los contratos y las facturas, y eliminar los aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas. Además, la UE y Singapur acordaron prohibir los requisitos injustificados de localización de datos y las transferencias obligatorias de código fuente de software, protegiendo a las empresas de prácticas proteccionistas y fomentando la confianza en los mercados digitales.

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