La UE avanza hacia sus metas climáticas mientras Bruselas valora progresos en los planes nacionales y llama a acelerar la acción

La Comisión Europea publicó este miércoles su evaluación de los Planes Nacionales de Energía y Clima actualizados (NECPs), destacando avances relevantes respecto a los borradores presentados en 2023, pero advirtiendo que persisten importantes brechas que podrían comprometer el cumplimiento pleno del marco legislativo climático del bloque. El análisis revela que, si los Estados miembros implementan de forma íntegra las políticas y medidas contempladas en sus planes, las emisiones netas de gases de efecto invernadero podrían reducirse un 54% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, acercando a la Unión al objetivo vinculante del 55%. Sin embargo, persisten diferencias sustanciales entre sectores y países sobre los que Bruselas alertó este miércoles. Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de los sectores regulados por el Reglamento de Reparto del Esfuerzo (ESR), como el transporte, los edificios, la agricultura, los residuos y la pequeña industria. Las reducciones proyectadas en estos ámbitos alcanzan el 38% respecto a 2005, dos puntos por debajo del objetivo del 40%. Además, cinco Estados miembros, Alemania, Irlanda, Italia, Chipre y Malta, no prevén alcanzar sus metas nacionales ni siquiera utilizando las flexibilidades previstas por la normativa. El documento publicado por la Comisión también identifica carencias estructurales en eficiencia energética. Aunque se han registrado mejoras respecto a los planes preliminares, las contribuciones nacionales siguen siendo insuficientes para cumplir el objetivo europeo de reducción del 11,7% del consumo energético. En muchos casos, los planes carecen de estimaciones detalladas de los ahorros esperados o de estrategias claras de financiación, lo que pone en riesgo su viabilidad, especialmente en sectores como la edificación. La adaptación al cambio climático constituye otra de las grandes asignaturas pendientes. Según la Comisión. la mayoría de los Estados miembros no ha integrado de manera coherente medidas frente a fenómenos extremos como sequías, olas de calor o inundaciones. Bruselas señala que muchas estrategias carecen de diagnósticos precisos sobre vulnerabilidades y no incluyen acciones concretas para reforzar la resiliencia de sectores sensibles como la energía o los recursos hídricos. Durante la presentación del informe, la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera advirtió que “el coste de la inacción está aumentando”. “Cada desastre climático para el que no estamos preparados impone mayores costes económicos y sociales”, subrayó. Ribera también recordó que, solo entre 2021 y 2023, las pérdidas económicas relacionadas con el clima en la UE alcanzaron los 163.000 millones de euros, lo que refuerza la necesidad de actuar con urgencia. La inversión es otro terreno donde se evidencian limitaciones. Aunque los NECPs actualizados ofrecen una mejor estimación de las necesidades financieras, aún falta, según la Comisión, una estrategia clara sobre cómo movilizar los recursos, tanto públicos como privados. Pocos Estados han integrado sus planes con otros instrumentos clave de financiación europea, como los fondos de recuperación. Además, apenas la mitad aborda la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, y casi ninguno lo hace con medidas concretas o cronogramas definidos. En el plano del mercado interior de la energía, la Comisión advierte sobre persistentes desigualdades en el acceso y la interconexión. A pesar de algunas reformas para facilitar la integración de energías renovables, varios países, entre ellos España, enfrentan cuellos de botella en sus infraestructuras eléctricas que limitan el despliegue de renovables a gran escala. El componente social de la transición climática también aparece débilmente desarrollado. Muchos NECPs mencionan la necesidad de una transición justa e incluyen referencias a la pobreza energética y al impacto en el empleo, pero pocos ofrecen metas cuantificables, presupuestos o medidas operativas concretas. Tampoco se han elaborado aún los Planes Sociales Climáticos que deben acompañar al nuevo sistema de comercio de emisiones (ETS2), cuya entrada en vigor está prevista para 2027 y afectará directamente a los sectores del transporte y la edificación. Por otro lado, la resiliencia del sistema energético sigue siendo una preocupación para el Ejecutivo comunitario. Aunque se ha reducido la dependencia del gas ruso y se han diversificado las fuentes de suministro, muchos planes no abordan adecuadamente nuevos riesgos como los ciberataques o el impacto del cambio climático en infraestructuras críticas. Tampoco se observan avances significativos en planificación para el almacenamiento energético o la modernización de redes ante el aumento de la electrificación. A medio plazo, la Comisión subraya que, si bien se están acercando los objetivos para 2030, el horizonte de neutralidad climática en 2050 aún exige un esfuerzo adicional. Será necesario cerrar las brechas sectoriales y establecer una meta intermedia para 2040 que facilite decisiones de inversión, refuerce la competitividad industrial y asegure la continuidad de la transición energética. En este contexto, el comisario de Acción Climática y Energía, Dan Jørgensen, recalcó que la política energética de la UE persigue tres objetivos esenciales: garantizar la seguridad e independencia energética, reducir los precios de la energía, tanto para mejorar la competitividad como para combatir la pobreza energética, y descarbonizar el sistema energético europeo. Para cumplir estos objetivos, la Comisión se compromete a seguir acompañando a los Estados miembros con iniciativas como el Plan de Energía Asequible, el Clean Industrial Deal, el Pacto de Electrificación y el futuro Plan Europeo de Adaptación Climática. También se reforzará la cooperación regional, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la integración del mercado energético y la implementación del nuevo régimen de comercio de emisiones.

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