En general, las políticas fiscales en 2024 deben garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y promover un crecimiento sostenible e integrador en todos los Estados miembros. La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una desviación temporal de los requisitos presupuestarios que se aplican normalmente en caso de recesión económica grave, se desactivará a finales de 2023. Al salir del periodo durante el cual estuvo en vigor la cláusula general de salvaguardia, se reanudarán las recomendaciones cuantificadas y diferenciadas por países en materia de política fiscal. Los debates sobre un marco de gobernanza económica revisado, basado en las orientaciones de la Comisión presentadas en noviembre de 2022, están en curso. Hasta que entre en funcionamiento un nuevo marco de gobernanza económica y a la vista de la nueva realidad pospandémica, no conviene volver a la aplicación exclusiva de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigentes antes de la activación de la cláusula general de salvaguardia en 2020. Dado que aún no se ha establecido un nuevo marco jurídico, basado en el resultado de la revisión de la gobernanza económica en curso, sigue aplicándose el marco jurídico actual. Al mismo tiempo, para permitir una transición efectiva a las futuras normas fiscales y tener en cuenta los retos actuales, algunos elementos de las orientaciones de reforma de la Comisión que son coherentes con la legislación actual podrían incorporarse ya al ciclo de supervisión fiscal. Por consiguiente, la Comisión está dispuesta a proponer recomendaciones específicas por país sobre política fiscal para 2024 que incluyan un requisito cuantitativo, así como orientaciones cualitativas sobre inversión y medidas energéticas. Estas recomendaciones serán coherentes con los criterios propuestos en las orientaciones de la Comisión, al tiempo que se ajustarán a la legislación vigente en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se invita a los Estados miembros a establecer objetivos fiscales en sus programas de estabilidad y convergencia que cumplan los criterios de ajuste fiscal establecidos en las orientaciones de reforma de la Comisión. También se les invita a discutir cómo se espera que sus planes de reforma e inversión contribuyan a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e integrador, incluidos los objetivos de transición ecológica y digital y de resiliencia, en consonancia con los criterios establecidos en las orientaciones de reforma.
