Brasil solicita a España apoyo para lograr la suspensión de la ley antideforestación de la UE

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, se ha reunido con su homólogo español, Luis Planas, para pedir apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la petición que ha hecho Brasilia a la Unión Europea para lograr la suspensión de su ley antideforesación. La petición brasileña se debe a que la ley de desforestación obligará a los productores brasileños exportadores de soja, carne, madera, caucho, café, cacao y aceite de palma a cumplir con ciertos procesos de verificación con el objetivo de asegurarse de que estos productos no provengan de áreas con deforestación, según informa Electomanía. Fávaro ha enfatizado que Brasil cuenta con 90 millones de hectáreas de pastizales degradados, de los que 40 son “altamente viables para la producción de alimentos”, razón por la que “no hay necesidad de avanzar en los bosques para intensificar la producción”, reza un comunicado de la cartera ministerial brasileña. Durante su reunión, realizada en el marco de las reuniones bilaterales entre ministros de los países participantes del Grupo de Trabajo de Agricultura del G20, el ministro brasileño ha afirmado estar “monitorizando el escenario y las luchas de los productores europeos y españoles para seguir siendo competitivos frente a las restricciones impuestas por el cambio climático”. Poco antes, Fávaro ha mantenido un encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, a quien le ha entregado una carta pidiendo precisamente la mencionada suspensión de la ley de deforestación para Brasil. El país latinoamericano considera que su Código Forestal ya es uno de los más estrictos del mundo y que, desde la llegada al poder del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, la lucha contra la deforestación se ha convertido en una de las “políticas prioritarias”. En referencia a los pastizales degradados, el ministro brasileño ha pedido la ayuda de la UE para dar “continuidad” a su compromiso con la deforestación cero hasta 2030, para lo que ha pedido la revisión de algunas medidas que penalizan “a los pequeños y medianos productores en proceso de desarrollo”

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