El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este miércoles su deseo de que el Gobierno de Reino Unido acepte el acuerdo “equilibrado y generoso” propuesto por España y la UE sobre Gibraltar antes de que entren en vigor, el próximo 10 de noviembre, los nuevos controles de entrada y salida en todo el Espacio Schengen.
“Llevamos muchos años negociando el acuerdo, soy el cuarto ministro de Exteriores que lo negocia, y ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo”, declaró Albares en rueda de prensa después de reunirse en la sede del Ministerio con los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar y con representantes de la Junta de Andalucía para abordar las últimas novedades sobre las negociaciones entre Londres y Bruselas (con intervención de España) para el futuro encaje de Gibraltar en la UE tras el Brexit.
Según el ministro, el “acuerdo de convivencia compartida” presentado España “y por la UE” incluye a Gibraltar dentro del Espacio Schengen, pero, advirtió, es Reino Unido “el que tiene que decidir si prefiere eso o prefiere que a partir del 10 de noviembre haya este sistema de entrada para Gibraltar”.
Falta un mes para que entren en vigor los nuevos controles dentro del espacio Schengen, que podrían generar fuertes colas en las entradas y salidas entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Desde la salida del Reino Unido de la UE, y a la espera de que concluyan las negociaciones, el paso fronterizo se ha regido por las mismas normas que antes del Brexit, pero las autoridades del Peñón ya han advertido de que, a partir del 10 de noviembre, España se verá obligada a aplicar las nuevas condiciones de acceso al Espacio Schengen.
En virtud de estas normas, los ciudadanos extracomunitarios que quieran atravesar la frontera deberán mostrar un pasaporte válido, justificar el propósito y las condiciones de su estancia en España, disponer de medios de subsistencia suficientes y acreditar que no tienen intención de permanecer en el Espacio Schengen más de 90 días en cualquier período de 180 días, lo cual complicaría mucho la vida a los numerosos gibraltareños que disponen de una segunda residencia en España.
El ministro no precisó este miércoles si ha habido progresos en las conversaciones entre Reino Unido y la UE y se limitó a indicar que los equipos de trabajo se mantienen en “permanente contacto” y que el Gobierno tiene “la mejor disposición” para lograr un acuerdo global “que traiga confianza, seguridad jurídica, estabilidad y calidad de vida” a todos los habitantes de la región. Este acuerdo, precisó, incluiría la libre circulación de personas y bienes, la “eliminación física de la Verja” y el uso compartido del aeropuerto, “salvaguardando la posición jurídica y la reclamación de soberanía de España”.
Por otra parte, Albares ha pedido a los alcaldes y a los representantes de la Junta de Andalucía (con los que se reunió durante más de una hora y media) “lealtad institucional” y que “se sumen a los esfuerzos negociadores del Gobierno”, porque, advirtió, “más que nunca debemos trabajar juntos” para conseguir un acuerdo que beneficie a los 300.000 andaluces que viven en el campo de Gibraltar.
Desde el arranque de las conversaciones, dos de los principales puntos de discusión han sido la supresión de la Verja y la entrada de facto de Gibraltar en Schengen. Este segundo paso obligaría a trasladar los controles fronterizos al puerto y el aeropuerto. Reino Unido se opone a que sean agentes españoles los que efectúen esos controles, y, por ello, se ha propuesta como alternativa que la tarea recaiga en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) durante un periodo transitorio de cuatro años. Otro punto conflictivo es el relativo al uso del aeropuerto de Gibraltar, que se encuentra en el istmo que une el Peñón con el resto de la península, un territorio cuya soberanía se disputan España y Reino Unido. El Gobierno español ha pedido el uso compartido del aeropuerto para beneficiar con ello a toda la región, pero Reino Unido rechaza esta propuesta por considerar que pone en cuestión su postura respecto a la soberanía.
LA JUNTA PIDE UN «PLAN B»
Tras el encuentro, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, no quiso posicionarse sobre las informaciones aportadas por Albares porque, aseguró, “faltan muchos detalles por conocer” y el ministro “nos ha vuelto a reiterar lo mismo que en otras ocasiones”. “La valoración que podemos hacer es que no hay nada nuevo”, declaró. “Se nos ha comunicado que se está a la espera de decisiones”, añadió.
“Desde la Junta de Andalucía queremos el acuerdo, somos favorables, pero no cualquier acuerdo”, advirtió Sanz, que aclaró que “queremos el mejor acuerdo y queremos que sea ambicioso y pelear por los intereses de los campogibraltareños”, pero “lo que sí tenemos es una fecha clara, el 10 de noviembre, donde las circunstancias cambiarían”.
Por ese motivo, argumentó, “solicitamos que se barajen todos los escenarios”, tanto si se llega a un acuerdo (que, “tal y como está, es insuficiente para el Campo de Gibraltar”) como si finalmente no se consigue. En ese caso, advirtió, “hay que plantearse un plan B que pasa por reforzar el Campo de Gibraltar” y que “debe contemplar la exigencia a la UE” para se apruebe “un estatuto especial fiscal” para la comarca que permita “equilibrar las posiciones” entre dos zonas situadas a “solo diez metros”, una de las cuales, el Campo de Gibraltar, está “claramente en desventaja para atraer inversiones”.
“El ministro nos habla de que este acuerdo busca la prosperidad compartida, pero corremos el riesgo de estar firmando un acuerdo para la desigualdad compartida”, concluyó.
