El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo provisional sobre preparación para las crisis

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron hoy un acuerdo provisional sobre la regulación de un instrumento de emergencia del mercado único (PYME), que tras el acuerdo pasará a llamarse Ley de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior (IMERA). El Consejo y el Parlamento también han acordado varias propuestas legislativas complementarias (IMERA omnibus) para anticipar, prepararse y responder al impacto de futuras crisis utilizando la fortaleza del mercado interior.

Pierre-Yves Dermagne, Viceprimer Ministro belga y Ministro de Economía y Empleo, ha afirmdo que "ante crisis repetidas, Europa debe demostrar que puede ofrecer un alto nivel de protección a sus ciudadanos, trabajadores y empresas. En tiempos de crisis, la Unión debe evitar crear obstáculos injustificados respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales, incluido el derecho de huelga. El nuevo instrumento legislativo adoptado hoy tiene como objetivo precisamente garantizar un mercado interior que asegure la estabilidad de las cadenas de suministro de bienes y servicios críticos, garantice el bienestar y nos prepare para afrontar los desafíos que tenemos por delante".

La Ley de Resiliencia y Emergencia del Mercado Interno (IMERA) tiene como objetivo anticipar, prepararse y responder al impacto de futuras crisis. Se basa en las lecciones aprendidas durante emergencias recientes como la COVID, la guerra de Rusia en Ucrania y la crisis del suministro de energía.

La IMERA prevé un seguimiento continuo de posibles crisis futuras, establece un modo de vigilancia o emergencia que se activará cuando una amenaza se vuelva clara y establece una gobernanza para que los estados miembros puedan coordinar su respuesta.

También crea un "grupo asesor" formado por la Comisión y los Estados miembros para evaluar una situación determinada y recomendar respuestas.

Como último recurso, la IMERA prevé medidas de emergencia, como solicitudes de información específicas a los operadores económicos, solicitudes prioritarias de productos relevantes para la crisis, un procedimiento rápido para introducir determinados productos en el mercado y derogaciones de normas específicas para productos.

Junto con la IMERA, la Comisión presentó un paquete de propuestas (el «ómnibus IMERA») que actualiza la legislación actual sobre normas de evaluación de la conformidad e introduce especificaciones comunes y normas de vigilancia del mercado para permitir que la IMERA sea operativa en tiempos de crisis.

El acuerdo provisional alcanzado hoy respalda los objetivos generales del Reglamento y del ómnibus IMERA, pero introduce varias modificaciones para mejorar la claridad, la viabilidad y la seguridad jurídica de la propuesta.

El acuerdo aclara el alcance del reglamento, que debe respetar su base jurídica y, por tanto, limitarse a actuaciones relacionadas con el mercado interior. Las medidas deben limitarse a situaciones de crisis y no deben afectar áreas de competencia nacional (es decir, la seguridad nacional).

Asimismo, el acuerdo también refuerza el papel del "grupo asesor", que se convertirá en la "junta de emergencia y resiliencia del mercado interior". Será responsable de asistir y asesorar a la Comisión en las modalidades de contingencia, vigilancia y emergencia. Además de los representantes de la Comisión y de los Estados miembros, la junta incluirá a un miembro del Parlamento Europeo como observador. El presidente de la junta informará periódicamente al Parlamento Europeo. Se informará al parlamento cada vez que la junta proponga o adopte cualquier acto de ejecución.

El acuerdo provisional prevé medidas de último recurso cuando una crisis amenace el suministro de bienes y servicios críticos. En tales circunstancias, la Comisión puede solicitar datos a las empresas, como el nivel de existencias de determinados productos. Si las empresas se niegan a proporcionar esta información, tendrán que explicar los motivos.

Los Estados miembros deben ser transparentes sobre las medidas que toman para afrontar la situación de crisis y tener una plataforma de intercambio de información para estar al tanto de las medidas adoptadas por otros Estados miembros.

En caso de escasez grave y persistente relacionada con la crisis, la Comisión puede emitir solicitudes con prioridad para comprar bienes o servicios críticos. Las empresas pueden aceptar estas solicitudes de forma voluntaria y estarán legalmente cubiertas por la responsabilidad frente a sus otros socios comerciales si no cumplen con otras obligaciones contractuales. Esta orden deberá respetar las normas de competencia y no deberá afectar las competencias de seguridad o defensa de los Estados miembros.

En estas circunstancias excepcionales, la Comisión y los poderes adjudicadores de los Estados miembros podrán llevar a cabo un procedimiento de contratación conjunta para adquirir bienes o servicios críticos o relevantes para una crisis. Los Estados miembros también pueden iniciar adquisiciones para este tipo de bienes, en coordinación con otros Estados miembros, y asegurándose de informar a la Comisión y a la junta de emergencia del mercado único.

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