La Eurocámara respalda medidas y sanciones más estrictas contra los corruptos en toda la UE

La Comisión de Libertades Civiles ha respaldado el proyecto de mandato de negociación para normas más estrictas contra los tomadores de decisiones corruptos en todos los niveles de la UE. Según ha informado el Parlamento Europeo, el informe, adoptado con 63 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, se basa en el proyecto de la Comisión Europea de directiva anticorrupción que fortalecería el marco legislativo existente.

Los eurodiputados modificaron el proyecto de disposiciones anticorrupción para abarcar a más personas de interés, incluida "cualquier persona a la que se le hayan confiado tareas de interés público o esté a cargo de un servicio público".

Los eurodiputados quieren que los máximos responsables de la toma de decisiones de la UE, es decir, los eurodiputados, los comisarios y el presidente del Consejo Europeo, sean añadidos a la categoría de “funcionarios de alto nivel” y estén sujetos a normas más estrictas. También se incluyeron disposiciones para funcionarios militares, altos ejecutivos de corporaciones estatales y funcionarios directivos de partidos políticos representados en un parlamento.

Los eurodiputados también endurecieron las sanciones propuestas, particularmente en relación con la capacidad del infractor para ocupar cargos públicos y las exclusiones del acceso a la financiación pública. Incluyeron medidas anticorrupción para abordar los conflictos de intereses (por ejemplo, divulgación ad hoc de nuevos conflictos, sanciones por no informar activos sustanciales), lobbying (como requisitos mínimos para divulgar información y registro obligatorio de representantes de intereses), puertas giratorias (que regulan y restringir el empleo posterior a su mandato para funcionarios públicos), y penalizar delitos como el encubrimiento, la mala conducta en cargos públicos y el financiamiento político ilícito. Se añaden disposiciones especiales para la contratación pública y la financiación política para permitir el escrutinio público a través de un mejor acceso a la información.

Los estados miembros tendrían que idear estrategias anticorrupción, mientras que las instituciones y agencias de la UE también deberían tomar medidas preventivas apropiadas, según el texto, incluida la creación de organismos independientes especializados de acuerdo con los estándares establecidos en la legislación de la UE. Los eurodiputados también exigen que la Comisión establezca el papel de Coordinador Anticorrupción de la UE y produzca un informe anual anticorrupción de la UE.

Cuestiones específicas incluidas en el proyecto de mandato:

una prohibición de ciudadanía y residencia por parte de planes de inversión; la prohibición de indultar o conceder amnistía a personas por delitos relacionados con la corrupción; normas más estrictas para la responsabilidad de las personas jurídicas; la proporción de daños y perjuicios a pagar en función de la magnitud del delito; limitar los privilegios e inmunidades únicamente a los actos realizados en el desempeño de funciones oficiales y mientras se esté en el cargo; los derechos y la compensación de las víctimas, así como los derechos del público a participar en los procedimientos; la suspensión o reasignación de funcionarios; y el ejercicio adecuado de las facultades discrecionales en materia de procesamientos.

La relatora Ramona Strugariu (Renew, RO) ha comentado que “la corrupción es una de las mayores amenazas para nuestras comunidades, para nuestras instituciones nacionales y de la Unión Europea. Erosiona la democracia, socava la confianza en las instituciones públicas y priva a nuestros ciudadanos de las oportunidades y servicios que merecen. Queremos una Europa libre de corrupción que aborde el fenómeno en todos los niveles. Finalmente, contaremos con reglas armonizadas que nos permitirán luchar contra la corrupción de manera eficiente”.

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